El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que impulsó el amparo inicial que terminó en la anulación del tarifazo del gas, presentó ayer una impugnación judicial para que se suspenda la audiencia pública convocada para el viernes. La presentación se hizo en el Juzgado Federal Nº4 de La Plata que encabeza el juez Alberto Recondo, quien en su momento rechazó el amparo presentado por el Cepis, aunque luego el caso recibió el visto bueno de la Cámara y posteriormente de la Corte. La entidad argumentó que el gobierno no cumple con el fallo de la Corte Suprema donde se ordenó brindar información “veraz y adecuada”. “Se está cumpliendo de manera insuficiente de acuerdo a lo establecido por el fallo dada la carencia informativa sobre los tres componentes que componen la tarifa del servicio público de gas, por lo que pedimos que se posponga la audiencia pública”, remarca en el escrito.

En su fallo que anuló el aumento del gas, la Corte Suprema sostuvo que la “audiencia pública debe realizarse para todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución”. Además, los magistrados advirtieron al Gobierno que “la audiencia no es un evento destinado a que se notifique lo ya decidido; ello implicaría convertirla en una formalidad y a los usuarios, en meros espectadores”.

El Ministerio de Energía incorporó la semana pasada al expediente de la audiencia un informe donde detalla su propuesta de aumento escalonado en el precio del gas en boca de pozo. En octubre pasa de 1,29 a 3,42 dólares el millón de BTU en promedio para el conjunto de los hogares, un 165,1 por ciento, y luego se ajustará de manera semestral trepando a 3,78 dólares en abril de 2017, a 4,20 en octubre de 2017, a 4,69 en abril de 2018, a 5,27 en octubre de 2018, a 5,95 en abril de 2019 y a 6,78 dólares el millón de BTU en octubre de 2019, cuando el subsidio quedaría reducido a cero, salvo para los beneficiarios de la tarifa social. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, señaló que el precio del gas en boca de pozo representa entre el 55 y el 60 por ciento de la factura. Por lo tanto, ahí está la clave de los ajustes. Sin embargo, en ningún momento informó cuáles son los costos de producción y cuando se reunió con los consumidores dejó en claro que no pondrán esa información a disposición de los usuarios. “El Gobierno considera que no está obligado a mostrar cómo se forma el precio de producción del gas”, dijo. En función de esa interpretación del fallo, el Ejecutivo retacea la información destinada al expediente de la audiencia pública. Las entidades manifestaron entonces que eso entra en contradicción con el fallo de la Corte y deslizaron que podrían pedir la nulidad de la audiencia. “Hagan juicio si quieren”, los apuró Aranguren.

“En ningún lugar, ni en ninguno de los informes obrantes en el expediente ni subidos a la web, se encuentran agregados los costos del insumo por cuenca y por empresa, para así poder analizar un estudio y concluir del mismo, la razonabilidad del precio que pretende fijar el Ministerio de Energía y Minería de la Nación”, remarcó Cepis en su presentación. “Esta omisión informativa -la del costo de producción del gas en boca de pozo- no ha sido involuntaria: es de público conocimiento que es decisión del Poder Ejecutivo no exponer dicha información”, agrega la entidad, la cual para demostrar la falta de predisposición del Ejecutivo recuerda dos situaciones que tuvieron como protagonista a Aranguren. La primera de ellas, con motivo de su visita al Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados donde ante la consulta de un diputado respecto del “costo promedio de la producción de gas a boca de pozo”, éste contestó: “Me resisto a contestar esa pregunta”. Y la segunda, con motivo del encuentro con las asociaciones civiles cuando las invitó a hacer juicio. “Lo que el PEN no explica es la rentabilidad que conseguirán las empresas en función de la aplicación de las mencionadas resoluciones ministeriales. ¿Explican el empobrecimiento pero no así el enriquecimiento pretendido gracias a los impuestos y al dinero que obtendrán con los nuevos precios?”, concluye Cepis en su presentación ante la Justicia.