La causa judicial que investiga la desaparición de Jorge Julio López no arrojó en diez años pista alguna sobre su destino, pero sigue abierta y con una actividad que se limita a verificar si cada cadáver NN que aparece en cualquier parte del país coincide con el ADN del testigo que contribuyó a la condena del genocida Miguel Etchecolatz. Por estas horas desde Córdoba fue remitido un expediente por un cuerpo, que habría sido hallado en cemento, al juzgado de Ernesto Kreplak para determinar si se trata de López. En tanto, los fiscales Marcelo Molina y Juan Nogueira pidieron una medida de no innovar para que las empresas de telefonía no borren los registros de llamadas de los días previos y posteriores a la desaparición del sobreviviente de la dictadura. Esto es porque los cruces para determinar posibles sospechosos, que la querella de Aníbal Hnatiuk y Guadalupe Godoy solicitaron en forma insistente, jamás fueron concretados.

Ante el décimo aniversario de la desaparición de López, la cuota de espectacularidad para la efeméride no la puso ningún mega operativo sino el anticipo del gobierno macrista de que pretende ser querellante en la causa. “La obligación del Gobierno es hacer una investigación real y no formal, es un contrasentido que el propio gobierno cumpla ese rol”, dijo a Página/12 Godoy, quien fue abogada del testigo durante el juicio a Etchecolatz. “Una cosa es que el Gobierno se presentara como querellante en causas de lesa humanidad, porque ahí su fundamentación era ‘el Estado de derecho querella al Estado terrorista’; acá no existe esa distinción. Como Gobierno lo que tienen que hacer es dar respuestas, porque las líneas de investigación para ser efectivas requieren de fuerzas de seguridad que las lleven adelante en forma seria, efectiva e independiente.”

Según trascendió, la Secretaría de Derechos Humanos se presentaría en la causa a instancias de los familiares, cuyo abogado Alfredo Gascón mencionó que también quedó pendiente hacer el perfil psicológico de López. “La autopsia psicológica fue descartada en su momento porque era un retroceso, dado que se usa para determinar si pudo haber sido un suicidio, y porque planteaba cuestionar a la víctima y su entorno, y ponía en duda el testimonio de López. La propia Secretaría de Derechos Humanos repudió aquel intento de investigación”, aclaró Godoy.