El juez federal Julián Ercolini citó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kircher a prestar declaración indagatoria por supuestas irregularidades en la obra pública destinadas –según la resolución– a enriquecer al empresario Lázaro Báez. En el texto, Ercolini desistió del argumento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques de que a cambio de las preferencias que habría obtenido Báez, el constructor pago alquileres desmesurados por el hotel Alto Calafate, Hotesur, o departamentos de la empresa Los Sauces. Tampoco hay mención ni prueba alguna de que CFK haya cobrado una coima o haya recibido fondos en alguna cuenta oculta en el exterior. En base a un informe de las actuales autoridades de Vialidad Nacional, macristas, los fiscales habían pedido la indagatoria con argumentos asombrosos: que Báez era amigo de Néstor Kirchner; que los ex presidentes se llevaron su equipo de gobierno y de obra pública desde Santa Cruz a la administración nacional –algo propio de todos los gobiernos–; que hubo un exceso de obra pública destinada a la provincia patagónica y que Báez consiguió la adjudicación de las obras gracias a un trato preferencial o al hecho de que se presentaban a licitaciones distintas empresas de su propiedad. Nada se dice de por qué no se habrían presentado las otras constructoras y por qué las demás empresas ni siquiera esbozaron quejas o demandas judiciales contra las adjudicaciones. Con el llamado a indagatoria –lo que posiblemente se convierta en procesamiento– Ercolini esquivó hacer un peritaje real sobre las obras, con peritos de todas las partes, para determinar si hubo sobreprecios, trabajos no terminados o cualquier otra irregularidad. En la misma resolución, el magistrado también llamó a indagatoria a Báez, a Julio De Vido, a José López y 15 funcionarios más, a quienes también se les inhibieron los bienes. Pero no fueron citados a indagatoria los jefes de Gabinete desde 2003 a 2015, que son los que firmaron las asignaciones de recursos para las obras públicas, ni los gobernadores de Santa Cruz, bajo cuyo mandato se hicieron desde las licitaciones hasta el control de ejecución. Que no se los haya convocado es una evidencia del perfil político de la ofensiva.

Presencia

En su momento, la ex presidenta le dijo a su abogado Alberto Beraldi que se presentaría a todas las citaciones de la justicia y que no pediría ninguna prórroga. Eso hace pensar que CFK estará ante Ercolini, en Comodoro Py, el 20 de octubre a las 10. Es curioso que la ex mandataria sea la primera citada de la lista cuando la lógica es que presten indagatoria primero los que estuvieron más cerca de las obras, es decir los funcionarios que participaron de las licitaciones, las adjudicaciones y el control de la marcha. La impresión es que hay apuro político.

Asociación

Ercolini convalidó con el llamado a indagatoria un diagnóstico plasmado por los fiscales en su dictamen: que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron una gran asociación ilícita, pensada incluso desde antes de asumir como presidentes, para que Lázaro Báez se enriquezca. “O sea que ganamos las elecciones para delinquir y no para gobernar, hacer obra pública en todo el país, generar trabajo e infraestructura”, contestaron desde el kirchnerismo.

En Comodoro Py a nadie le pasó desapercibido que Ercolini no evaluó el total de la obra pública. Su estrategia y la de los fiscales fue dejar afuera a todas las empresas constructoras que se vieron más beneficiadas que Báez. El llamado a indagatoria esquiva pronunciarse sobre Iecsa, del primo de Macri, Angelo Calcaterra, asociada con Báez en algún emprendimiento. O la empresa de Nicolás Caputo, el casi-hermano del Presidente o Techint o los tradicionales integrantes de la Cámara de la Construcción. Es otro dato que exhibe la politización del llamado a indagatoria.

Razones

Ercolini da cuatro razones por las que considera sospechosa a CFK:

n Que Néstor era amigo y socio de Báez. El juez afirma que el fallecido presidente tenía un terreno en común con el constructor y diez departamentos. Y que también mantenían vínculos a través de la actividad hotelera. El mismo Ercolini había firmado un fallo en 2011 en el que sostuvo que no existe delito en las relaciones comerciales que tienen que ver con la administración de bienes privados de los Kirchner.

n Que Néstor y Cristina trasladaron su equipo de gobierno provincial hacia la Casa Rosada y los ministerios. Tampoco se percibe delito alguno. El gobierno de Macri, por ejemplo, se basa en funcionarios de su administración en CABA. Pero Ercolini da a entender que se trasladó al equipo de Santa Cruz porque era el que tenía buena relación con Báez. O sea, nuevamente, el objetivo era delinquir, no gobernar, una evaluación claramente política.

n Que se privilegió la obra pública en Santa Cruz, ya que fueron a la provincia patagónica el 11,2 por ciento de los fondos dedicados a infraestructura. Desde el punto de vista de la extensión, Santa Cruz representa el 9,5 por ciento del territorio nacional, de manera que no parece haber demasiada desproporción. Además, la obra pública es mucho más cara en el Sur: hay muchos días que no se puede trabajar por el frío o el viento y los materiales son más caros. Por otra parte, no habría delito en privilegiar la Patagonia como modelo de desarrollo, pero justamente la óptica de Comodoro Py es que no se buscó ni desarrollo ni sacar a un amplio sector de la pobreza dando trabajo, sino que el objetivo fue hacer dinero.

n Finalmente, Ercolini y los fiscales argumentan que se benefició irregularmente a Báez con la mayor parte de la obra pública de Santa Cruz. En la acusación señalan también que en varias licitaciones se presentaron distintas empresas del mismo Báez. El constructor contesta que ganó esas licitaciones en buena ley y sostiene que la acusación no puede explicar por qué otras empresas no se presentaron, no reclamaron o no iniciaron demandas si había irregularidades.

Más allá de las imputaciones y las defensas, lo cierto es que la causa se basa en un informe hecho por Vialidad Nacional en marzo de este año, es decir que fue confeccionado por los funcionarios designados por el macrismo. En ningún momento se convocó a una pericia que pueda ser controlada por especialistas de Baéz, de CFK ni por peritos oficiales. En el dictamen de los fiscales se toma como palabra santa lo que sostiene el macrismo.

Coimas

En la acusación de Pollicita y Mahiques jugaba un papel fundamental la sospecha de que, a cambio de la obra pública, Báez pagó virtuales coimas a través de alquileres de hoteles y oficinas, supuestamente siderales. El argumento desapareció en el llamado a indagatoria y tampoco se menciona ninguna otra evidencia respecto de cuál pudo haber sido la retribución de Báez por las obras asignadas. En Panama Papers no se encontraron empresas de los Kirchner ni en las 4040 cuentas del HSBC ni en los millones evadidos a través del JP Morgan ni en Nevada. La acusación de que había dinero en el Felton Bank de Delaware resultó falsa y derivó en un papelón.

En síntesis, cuando CFK declare ante Ercolini en octubre deberá responder a una imputación según la cual le ayudó a Báez a enriquecerse con obras por 21.000 millones de pesos sin que aparezcan pruebas de una coima o un beneficio de cualquier naturaleza. Y pese a que las asignaciones de fondos llevaron la firma de los jefes de Gabinete –Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández– y pese a que las licitaciones y controles los hicieron los gobernadores de Santa Cruz, ninguno fue citado por el juez. El objetivo es, centralmente, Cristina Fernández de Kirchner.

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