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El aumento de los combustibles se cocina a fuego lento. La discusión entre productores de hidrocarburos, refinadores y Gobierno en torno del precio del crudo y de las naftas quedó postergada a los primeros días de la semana entrante. Las posiciones parecen cristalizadas: las productoras exigen el aumento de dos dólares por barril acordado hace dos meses, el Gobierno reclama que se extienda el congelamiento y las refinadoras, en el medio, dicen que si aumenta el crudo no absorberán la diferencia sino que la transferirán a los combustibles. La hornalla, aunque encendida en el mínimo, sigue elevando la temperatura.
Hace apenas dos meses, cuando los sectores mencionados acordaron extender desde el 31 de diciembre hasta el 29 de febrero el congelamiento del precio de los combustibles, simultáneamente se pactó una cláusula de ajuste eventual: si el valor internacional del petróleo no bajaba, el precio de entrega de las productoras a refinerías se aumentaría a 30 dólares por barril, dos más que el hasta ahora vigente.
Y el precio internacional no bajó sino que aumentó un escalón más. Las productoras exigen el cumplimiento de lo pactado y le recordaron al Gobierno que, además, tiene “otra deuda pendiente” con ellos: la concreción del aumento del gas en boca de pozo, anticipada hace ya tres semanas, pero no implementada. El Gobierno, a través de los funcionarios del área de Energía, no les negó el “derecho adquirido” por el anterior acuerdo, pero reclamó que el aumento no llegue a los surtidores. ¿Cómo compatibilizar ambos requerimientos? La tarea quedó para el sector privado: productoras y refinadoras trabajan, en estas horas, en la búsqueda de alguna fórmula de salida que al empezar la semana próxima le propondrían al Gobierno.
“Aumentar dos dólares el barril y no aumentar el combustible es incompatible: habrá que encontrar alguna forma de repartir las cargas”, comentó a Página/12 un petrolero al salir de una de las sucesivas reuniones que tienen lugar en estas horas. Pero el “sacrificio” de los privados no será gratuito o, al menos, ésa es su intención. Hay un punto en el que productoras y refinerías están de acuerdo: el Gobierno debe hacer “algo” para evitar que el GNC siga sumando clientes a costa de la venta de combustibles líquidos. “El GNC tiene un precio distorsivo, en algún momento tiene que acomodarse”, repiten. “Además, está consumiendo un gas que va a faltar para otros usos en el invierno”, advierten o amenazan, según cómo se escuche.
Así, la fórmula que los petroleros en conjunto harán al Gobierno el lunes o martes tendría tres componentes: aumento moderado del crudo de transferencia, ajuste mínimo en los combustibles y suba importante del GNC. O lo que es lo mismo: que el ajuste lo pague otro.