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Si una empresa decide invertir en un país “riesgoso” como la Argentina, sería lógico que pretenda comprar un activo –quizás el capital de una empresa que se privatiza– un 30 por ciento más barato o que cobre tarifas un 25 por ciento más caras. Aquel descuento y ese recargo son parte de las conclusiones de un reciente estudio sobre las privatizaciones en América latina realizado por José Luis Guasch, responsable del departamento de regulaciones al sector privado e infraestructura del Banco Mundial. Para el funcionario, de origen español, que los adjudicatarios busquen esa cobertura es tan razonable como renegociar los contratos, siempre y cuando esto se haga de común acuerdo y no compulsivamente, porque lo decide el poder político. La gran debilidad de los gobiernos, según destacó en diálogo exclusivo con Página/12, es no exigir con suficiente firmeza a los inversores que cumplan sus compromisos, aun cuando éstos surgan de ofertas “temerarias” o poco creíbles.
–¿Qué significa “riesgo regulatorio”?
–Consiste en que el Gobierno, ejerciendo su poder de control, intervenga unilateralmente y ajuste las tarifas a la baja, contra la estructura contractual. Generalmente lo hace por cuestiones políticas y próximo a períodos electorales. Hablamos de medidas arbitrarias, no consensuadas y que van en detrimento del operador.
–¿Cómo incide el riesgo regulatorio en el momento que una empresa hace una oferta?
–Significa un sobrecosto que oscila entre 3 a 6 puntos porcentuales del costo de capital, es decir, lo que le cuesta al inversor conseguir financiamiento para operar. Por ejemplo, un inversor puede conseguir financiamiento al 13 por ciento en el mercado internacional; decide radicarse en Chile, lo que lo obliga a añadir un 1,5 por ciento por riesgo regulatorio. Pero si eligiera Ecuador, debería agregar 5 puntos más. De ese modo, la tasa de retorno de su inversión en el primer caso no baja del 14,5 por ciento, mientras que en el segundo es, como mínimo del 18. Por ese motivo, la tarifa será más alta.
–¿Cuánto más alta?
–Cinco puntos porcentuales en el costo de capital equivalen a tarifas un 25 por ciento más caras. O bien a una reducción en el precio de venta de la empresa del 30 por ciento.
–¿Esa búsqueda de una renta elevada no genera un círculo perverso: servicios caros, de calidad relativamente baja, lo que induce a una renegociación de contrato?
–En un país con mucha volatilidad, con reputación de ruptura de contratos, se pide una prima superior para instalarse. Es cierto que las tarifas altas pueden generar problemas y que las empresas siempre buscan formas de reducir costos. Justamente, por eso es importante controlar la calidad.
–Hay veces que las privatizaciones se revisan para corregir defectos de los contratos originales, que permiten abultadas rentas pero no son muy exigentes respecto a la calidad. ¿Eso es parte del riesgo regulatorio?
–Si hay ambigüedades en el contrato, sí es parte del riesgo regulatorio. Pero si sobreviniera una situación de fuerza mayor o si ambas partes deciden de común acuerdo reformular el contrato respetando las condiciones básicas, no. Del mismo modo que si se le pide a la empresa algo más de lo pactado, es razonable otorgar algo a cambio. Como ocurrió aquí con la primera revisión de Aguas Argentinas: el Gobierno quiso acelerar las inversiones y la tarifa subió 13 puntos.
–¿Argentina se considera un país más riesgoso que otros de Latinoamérica?
–Todavía no está resuelto el problema contractual con los inversores que generó la devaluación. Eso sí dio lugar a un nerviosismo de parte de las empresas, que están con tarifas congeladas. En todas partes hay crisis. Brasil y Rusia son ejemplos. Lo importante es que se resuelvan lo antes posible. La actual indefinición no ayuda a la Argentina.
–¿Le parece correcto instrumentar un sistema de premios y castigos, autorizando aumentos sólo a quienes cumplieron con su plan de inversiones y reinvirtieron utilidades?
–No quiero opinar directamente sobre una medida política del gobierno argentino. Pero creo que es lógico fijar pautas para el proceso de renegociación.
–En el caso argentino, los incumplimientos son previos a la devaluación.
–En cualquier caso, siempre es complicado hacer una evaluación justa. Por esto yo estoy totalmente en contra de que haya compromiso de inversiones fijo en los contratos, ya que es una fórmula altamente litigiosa. Por el contrario, aconsejo establecer índices de avance o mejora en la calidad del servicio. Por supuesto, que cumplir estándares de calidad crecientes, impone la obligación de hacer inversiones. Por cuestiones políticas, los gobiernos adoran los compromisos de inversión, ya que permiten hacer anuncios impactantes. Pero después se desatan peleas enormes con las empresas acerca de qué se hizo y qué no. Además, la contabilidad es muy creativa. Casi, pura magia. Y de esto hay prueba en distintos países. En Inglaterra, por ejemplo, se revisó el contrato de provisión de electricidad y, según los números de la compañía, se le debía otorgar un aumento del 9 por ciento. Pero cuando los reguladores hicieron sus propios cálculos, concluyeron que la tarifa debía bajar un 23.
–¿La renegociación es un vicio argentino?
–No. Otros países también renegocian. De hecho, la mitad de las 1300 concesiones de América latina fueron renegociadas, y este porcentaje sube a más del 60 por ciento en el caso del transporte y al 80 por ciento en el caso de las proveedoras de los servicios de agua potable. Pero la singularidad de la Argentina es su actual problema sistémico: todas las privatizaciones están sujetas al mismo shock y se van a revisar.
–¿Algunas revisiones no se producen porque en el momento de licitar los gobiernos aceptan ofertas disparatadas, poco creíbles?
–Es cierto que hay ofertas temerarias y aceptaciones oportunistas. En el caso de Azurix, en relación conlos otros oferentes, tenía una relación de precios absurda, de 2 hasta 20 veces menor que otros oferentes.
–¿Los casos de aeropuertos y correo, donde se ofrecieron cánones altos, serían ofertas disparatadas?
–Lo que yo puedo decirle es que los gobiernos han sido bastante laxos al acceder a renegociaciones de contratos que tuvieron como punto de partida ofertas temerarias. En alguna medida, para evitar el costo político de asumir el fracaso. Fíjese que han sido muy pocas las concesiones que se abandonaron. Esta es otra prueba de que los gobiernos no han sido demasiado firmes y no se plantan ante las empresas para recordarles que asumieron un compromiso en sus ofertas y que ahora deben cumplirlo.