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Como lo había anunciado, y ya lo había puesto en práctica durante su gestión anterior, el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, descabezó la cúpula de la Bonaerense y anunció que de ahora en más la conducción policial, según marca la ley, estará a cargo de un civil, el subsecretario de Seguridad, Martín Arias Duval. Además, anunció que abolirá la oficina de Asuntos Internos para reemplazarla por tres oficinas (Tribunal de Etica, Anticorrupción y Auditoría de Asuntos Internos) que también estarán constituidas por civiles. Ahora, el ministro analiza los legajos de los cargos más altos de la Bonaerense, incluidas las carpetas de los comisarios investigados por enriquecimiento ilícito que hasta ahora seguían en funciones. Los anuncios los realizó ayer el propio Arslanian, después de poner en funciones a su gabinete.
Una de las premisas de la Reforma de la Bonaerense, en el ‘97, era la descentralización policial para evitar la concentración de poder que llevó al marasmo en que se convirtió la Bonaerense. Además de la división en cuatro policías (de Seguridad, Investigaciones, Científica y Vial), separando tareas para evitar el control de pocas manos sobre los hechos, y la creación de departamentales en coincidencia con las jurisdicciones judiciales, la medida inicial de la Reforma fue anular en la Ley Orgánica policial el cargo de jefe y de subjefe. La intención fue desactivar la obediencia piramidal y el control de un ejército de 45 mil hombres a cuenta de una o dos cabezas, cuyo fin (está largamente comprobado) era el control de la recaudación ilegal desde y hacia arriba.
Cuando Arslanian asumió en el ‘98 como ministro del área ya la Bonaerense había sido intervenida por Luis Lugones, y sus principales estructuras estaban encabezadas por civiles. Pero la Reforma fue a medias. No sólo porque al asumir Arslanian no contó con el soporte político con el que cuenta hoy, sino porque el candidato a gobernador por el manodurismo Carlos Ru- ckauf logró cortarle la gestión por el medio anunciando públicamente sus diferencias. Cuando asumió Carlos Ruckauf, intentó sin éxito en dos ocasiones que la Legislatura bonaerense modificara la Ley Orgánica policial para recuperar la figura del Gran Capanga. De todas formas, Ruckauf se las arregló para eludir la ley concentrando en la práctica todo el poder sobre el superintendente general operativo, de quien dependía el control de todas las comisarías de la provincia. En síntesis, un jefe virtual y a la vez real (ver aparte).
Ahora, todo vuelve a manos civiles. Durante la tarde de ayer, en un acto en el que participó el gobernador Felipe Solá, Arslanian anunció el relevo de los comisarios generales Eduardo Colaci (superintendente general), y su segundo, Carlos Pérez, designados durante la gestión de Raúl Rivara, y aseguró que esos cargos quedaron disueltos y no serán reocupados, trasladando el control operativo de la fuerza a manos de un civil (según indica la ley), para el caso el flamante subsecretario de Seguridad, Martín Arias Duval.
Arias Duval fue puesto en funciones ayer junto con el resto del gabinete: Roberto Vásquez, subsecretario de Información para la Prevención del Delito; Domingo Marino, subsecretario de Investigaciones en Función Judicial; Martha Arriola, subsecretaria de Participación Comunitaria; Haydée Barletta, subsecretaria de Formación y Capacitación; Jorge Amarfil, subsecretario administrativo; Silvia Hitters, jefa de Gabinete de Asesores, y Enrique Vázquez, director de prensa.
El descabezamiento de la Bonaerense debería implicar su descentralización, dando mayor operatividad a las 18 departamentales en que se divide la provincia. Cada jefe departamental “es el jefe de la policía de esa región porque es el que mejor conoce la zona, sus autoridades y a la gente”, señaló Arias Duval. De todos modos, esa tarea será permanentemente supervisada y coordinada por las autoridades ministeriales. Arslanian también anunció la desaparición de Asuntos Internos. Esa oficina estaba a cargo de iniciar sumarios e investigaciones al personal policial por faltas en sus funciones. Pero a Asuntos Internos terminaron conociéndola en la jerga como Asuntos de la Interna, porque premiaba a amigos y sumariaba a enemigos del poder de turno. Ahora ese espacio quedará a cargo de tres estructuras preexistentes, pero ahora constituidas sólo por civiles: el Tribunal de Etica, la Oficina de Control de la Corrupción y Abuso Funcional, y la Auditoría de Asuntos Internos.
“El primer recurso de que debe valerse el Estado para atender la demanda de seguridad –sostuvo Arslanian durante el acto de ayer, en consonancia con las medidas de seguridad tomadas a nivel nacional– es su sistema penal, su policía, su agencia judicial, su agencia de ejecución penal y sobre ella debemos trabajar superando sus disfuncionalidades y luchas contra la morosidad judicial, el fenómeno carcelario, la corrupción carcelaria y mostrar que es absolutamente posible que dentro de un Estado de derecho se tengan instituciones de primer orden.”
Y agregó: “La solución para la crisis social no es simplemente más policías, más derecho penal, más cárcel; es, además, más contención social, más activación de los medios de control social, más familia, más Iglesia y sociedades intermedias y más escuelas, y a eso debemos propender”.