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Si bien el plan de seguridad que anunció el Gobierno no contempla en forma expresa la derogación de las cláusulas de la Ley Cafiero que impiden a la Ciudad de Buenos Aires contar con su propia fuerza policial, las autoridades porteñas interpretaron que existe voluntad política de avanzar en ese sentido. “Vamos camino a tener una policía propia o a la transferencia de algunas áreas de la Federal que se encargan del área urbana”, destacó a Página/12 el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. El mismo análisis realizó el secretario de Seguridad local, Juan Carlos López, quien calificó como “positivas” las medidas que tienen relación con la ciudad y señaló que “ponen en el tapete y profundizan las cosas que ya se venían haciendo”.
Las medidas referidas a la ciudad que el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, anunció en la Casa Rosada no tomaron por sorpresa a las autoridades porteñas. El mismo Beliz estuvo en las últimas semanas intercambiando opiniones e ideas con López y en las conversaciones participó también el secretario de Seguridad nacional, Norberto Quantín. Ayer por la mañana también charlaron sobre el asunto el propio presidente Néstor Kirchner e Ibarra.
La reflexión de Ibarra tras la difusión del nuevo plan de seguridad no fue muy distinta a la que todos formularon en la Casa de Gobierno, al término del acto que encabezó Kirchner. “No hay fórmulas mágicas para resolver el problema, sino que es preciso tener una estrategia a largo plazo”, declaró Ibarra y puntualizó que, entre otros temas, es necesario trabajar en “la descentralización de la Justicia, en materia de educación y en la eficacia y honestidad policial”.
En lo que hace a la Ciudad de Buenos Aires, las medidas que dio a conocer Beliz avanzan en dos líneas concretas: la creación de una Policía Comunitaria y la transferencia a la Justicia contravencional porteña de casi todas las competencias que hoy en día tienen en sus manos los juzgados nacionales ordinarios.
La puesta en marcha de la Policía Comunitaria no es otra cosa que la entrada en vigencia de un acuerdo firmado entre la ciudad y la Nación a principios de este año. Se trata de un cuerpo policial integrado por 1500 hombres –se prevé incorporar a razón de 500 por año– que se ocupará exclusivamente de atender la problemática urbana. Será el brazo de aplicación de la Justicia contravencional y también tendrá entre sus funciones el control del tránsito, además de empezar a desarrollar algunas experiencias de seguridad territorial. Si bien dependerá de la Federal, el Ejecutivo porteño tendrá participación en la designación de su jefe y será quien fije las prioridades de su accionar.
En el convenio firmado con el gobierno nacional, la administración porteña se comprometió a financiar con recursos propios la incorporación de los agentes que integrarán la policía comunitaria, pero aun así surgieron obstáculos que dilataron su implementación. “Este anuncio termina con las trabas que estaban frenando el tema”, enfatizó López.
En el marco del trabajo conjunto que los funcionarios nacionales y porteños venían realizando en materia de seguridad, a la Justicia contravencional porteña ya se le había traspasado tiempo atrás la competencia de actuar en los casos la portación de armas, así como también frente a ciertos delitos cometidos en espectáculos deportivos. Ahora pasará a tener competencias sobre otras cuestiones penales, como lesiones en riña o accidente vial, abandono de persona, exhibiciones obscenas, amenazas, usurpación, daños, matrimonios ilegales, violación de domicilio, ejercicio ilegal de la medicina y omisión de auxilio. El plan contempla también la creación de fiscalías en cada barrio.
En la presentación del plan de seguridad Beliz habló también de “fortalecer la autonomía de la Ciudad”. Ese es el paso siguiente e implica abrir formalmente el debate por la derogación del artículo 7 de la Ley Cafiero. Las posibilidades que se abrirán una vez cumplido ese trámite son dos: o se le transfiere la Federal o la ciudad organiza su propia policía.