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Roberto Lavagna analizó con el subsecretario para Asuntos Económicos del Departamento de Estado norteamericano, Alan Larson, la marcha de la economía argentina y de la negociación de la deuda en default con los acreedores privados. Además, tuvo que salir a desmentir la versión según la cual había admitido ante hombres de negocios en Nueva York la posibilidad de pagar los intereses de la deuda atrasados, unos 18.000 millones de dólares (ver aparte). Paralelamente, el Fondo Monetario, a través de Anoop Singh, siguió presionando públicamente para que el Gobierno acepte elevar el superávit fiscal por encima del 3 por ciento del PBI. Hoy Lavagna disertará ante la asamblea de gobernadores del FMI e iniciará una serie de reuniones clave con los burócratas del organismo.
“Lavagna le informó a Larson sobre la nueva realidad económica de la Argentina, a la luz de la estabilidad ganada”, contó, desde Washington, el vocero de Economía, Armando Torres. Larson es el segundo de Colin Powell en la Cancillería norteamericana y, según la versión de Torres, al igual que otros funcionarios con los que Lavagna se reunió durante los últimos días en Estados Unidos, habría coincidido con el ministro en que se está abriendo la posibilidad de la llegada de inversiones directas a Argentina.
En este sentido, Lavagna habría dicho que esas inversiones se concretarán gracias “a que se está encaminando la solución de los contratos con las empresas privatizadas”. El funcionario de la administración Bush también se habría interesado por las negociaciones de la deuda, aunque el reclamo de Washington para que el Gobierno mejore la oferta a los acreedores privados ya llegó por vía del subsecretario del Tesoro, John Taylor, durante su viaje relámpago a Buenos Aires.
Lejos del mundo protocolar de la diplomacia, el director del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, Anoop Singh, se sumó a las declaraciones de su jefa, Anne Krueger, quien el jueves defendió la idea de que el gobierno argentino debería aceptar metas de superávit fiscal más altas.
“La Argentina tiene la capacidad de aumentar su superávit fiscal primario. De hecho, ha mostrado la capacidad de llevar a cabo un cambio muy significativo en las cuentas públicas al pasar de un déficit del 2 por ciento del PBI en promedio en los ‘90 a un superávit del 3 por ciento este año”, indicó el economista de origen indio. Pero “este es un fenómeno dinámico, y debe ser continuado”, advirtió.
La próxima misión de los técnicos del organismo a Buenos Aires, para efectuar la tercera revisión del acuerdo vigente, será en junio. En el Fondo pretenden que para entonces la administración Kirchner acceda a elevar las metas de superávit para los años 2005 y 2006 más allá del 3 por ciento del PBI. Pero esperan, además, que el Gobierno consienta destinar buena parte de los 5000 millones de pesos que “sobrarían” este año de las cuentas fiscales –por sobre lo pautado con el FMI– para mejorar la oferta a los acreedores privados.
Hasta ahora, tanto Kirchner como Lavagna rechazaron estas presiones y reiteraron que el Gobierno no se moverá de lo firmado y de la propuesta realizada en Dubia. Ayer, incluso, el ministro siguió marcando diferencias. El Fondo insiste con que el Gobierno debería aprobar antes de junio –es una de las condiciones de la carta de intención– una nueva ley de coparticipación federal de impuestos para garantizar el superávit fiscal tanto en la Nación como en las provincias. Sin embargo, Lavagna le quitó urgencia al pedido. “No hace falta la ley (de coparticipación) para tener superávit fiscal. Las provincias argentinas tuvieron superávit fiscal en 2003 y lo tienen en lo que va de 2004 por primera vez en 40 años y estamos trabajando con la ley vigente desde hace varios años”, sentenció.
Por otro lado, el ministro criticó la actitud de los acreedores de no tomar en serio la invitación de la Argentina a que se reúnan con la mesa del Diálogo Social para conocer la realidad del país. “Algunos grupos de acreedores que fueron apoyados desde el FMI cuando se los invitó a participar del Diálogo Argentino no quisieron y mandaron representantes de segundo nivel. A ellos lo único que les importa es cobrar. Nuestro deber, en cambio, es defender lo nuestro y pagar hasta lo que se puede”, aseguró.