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La nueva ley de coparticipación federal amenaza con quedar otra vez como una expresión de deseos. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, reconoció ayer las dificultades que está teniendo el gobierno nacional para acordar con los gobernadores la redacción de un proyecto conjunto. “Si no podemos conseguir que firmen las 24 provincias, no tendremos más alternativa que seguir como hasta ahora”, se resignó el funcionario. El borrador de la iniciativa que preparó el Poder Ejecutivo fue rechazado por varias provincias, lo que impidió cumplir con uno de los compromisos asumidos ante el FMI. Se suponía que para el 31 de marzo pasado debían estar convenidas las líneas principales de la nueva ley, pero las diferencias no pudieron ser zanjadas.
Hace diez años que los gobiernos nacionales y provinciales intentan consensuar un esquema de reparto de ingresos, que reemplace al vigente desde hace más de un siglo. La reforma constitucional de 1994 ordenaba que la nueva ley debía estar sancionada en un plazo máximo de dos años. El mandato nunca se cumplió. El FMI volvió a la carga sobre el tema el año pasado. Puso como condición para firmar el acuerdo que los cambios en la coparticipación se votaran durante 2004, para entrar en vigencia el 1º de enero de 2005. También fijó un cronograma de metas a cumplir con vistas a aquel objetivo. Uno de ellos era que el 31 de marzo estuviera firmado un preacuerdo entre la Nación y las provincias.
El FMI tiene una obsesión con las provincias que se remonta a la década pasada. Anne Krueger, la actual directora gerente, considera que los distritos del interior carecen del mínimo rigor fiscal, lo que hace que la Nación se haga cargo de sus gastos. En conclusión, reclama que las provincias aumenten su recaudación y reduzcan sus gastos para mantenerse en equilibrio. En verdad, lo que pide el FMI es que la Nación se libere de gastos internos para poder pagarles más a los tenedores de deuda.
La propuesta que elevó el gobierno nacional a las provincias fue rechazada por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y también por Neuquén, Corrientes y una liga de gobernadores del Noroeste. De allí que el ministro del Interior ayer afirmó que “si no podemos ponernos de acuerdo con las 24 provincias, no tendremos más alternativa que seguir como hasta ahora”. Fernández recordó que la reforma constitucional del ’94 incorporó tres temas esenciales: “Que a los dos años tenía que haber otra ley de coparticipación; que las provincias nunca podrán percibir menos de lo que han recibido, y que nunca podrá salir la ley si no hay un acuerdo previo de las 24 jurisdicciones, cosa bastante difícil”, estimó.
El borrador que el gobierno nacional remitió a los gobernadores establece que las provincias recibirán como piso lo mismo que obtengan este año y que los cambios se harán sobre lo que se recaude de más a partir de 2005. La iniciativa prevé que el 10 por ciento del excedente irá a un sistema de premios y castigos en el cual la provincia que demuestre mayor eficiencia fiscal recibirá más y un 24 por ciento del excedente –con un techo de 2400 millones al año– será destinado al Fondo de Equidad Social, que será manejado por la Nación. Los gobernadores rechazan en especial este último punto, pero también piden precisiones sobre cuáles serán los parámetros para medir la eficiencia fiscal. Lavagna escuchará en Washington el reproche del FMI por las demoras en el acuerdo.