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La extensión del acuerdo entre el Gobierno y los empresarios para la venta de una “garrafa social” a 18 pesos en 600 comercios en todo el país –el uno por ciento de los puestos de distribución– no convenció a las organizaciones de consumidores, que reclaman una mayor regulación estatal. Los detractores del nuevo acuerdo argumentan que, como reconoció el propio Lavagna, el anterior, firmado en agosto del año pasado, fracasó. Y no impidió que la mayoría de los 4,5 millones de hogares pobres que consumen gas envasado tuvieran que pagar valores superiores a los 25 pesos. Antes de la devaluación, el costo de la garrafa de 10 kg rondaba los 9 pesos.
La Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina solicitó al Gobierno que “actúe con urgencia para frenar los aumentos abusivos” en los precios de las garrafas, a través de la aplicación del artículo 14 de la Ley de Emergencia Económica, aún vigente, que habilita al Poder Ejecutivo a “regular transitoriamente los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica”. Para Adecua “no se puede esperar ni un día más”, ya que hay provincias enteras que dependen del gas licuado, como Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
Las cámaras empresarias del sector publicaron ayer una solicitada en la que afirman que el acuerdo suscripto el año pasado de “garrafa social” a 18 pesos, en 300 puestos de venta del país, fue cumplido. Sin embargo, un relevamiento efectuado por Cash sobre 30 puntos de venta de la garrafa social en el conurbano demostró que en sólo 3 se ofrecía a 18 pesos. En el resto, los “precios promocionales” variaban entre 20 y 24 pesos. Para colmo, la garrafa social no llegó a abastecer, por problemas de transporte y distribución, más que a una mínima porción de las familias pobres.
Como parte del “paquete” del Gobierno para abaratar el precio del gas licuado de petróleo, el Ministerio de Economía instruyó, mediante una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que investigue si existen “prácticas anticompetitivas” en dicho mercado, que –según diversos estudios públicos y privados– presenta a nivel de la producción una estructura oligopólica, conducida por un reducido número de empresas multinacionales.
La medida ya había sido anticipada el miércoles por Lavagna, quien aprovechó la amenaza de aplicar la Ley de Defensa de la Competencia para sentar a la mesa de negociación a los principales actores del sector, las mismas empresas que detentan una posición dominante en el mercado del petróleo y gas. Sin embargo, la ley confiere a la Comisión de Defensa de la Competencia la facultad de intervenir de oficio, ante la sospecha de que “se esté afectando negativamente el interés económico general”. ¿Para qué firmar, entonces, una resolución en particular? ¿Por qué no actuó de oficio la Comisión en los últimos dos años? ¿El dictamen del organismo seguirá su curso legal o será barajado en la negociación con los empresarios?
El presidente de la Comisión, Ismael Malis, confirmó que existen diversas investigaciones sobre el sector. “Hemos detectado diversas irregularidades en el reparto del mercado de GLP, abuso de posición dominante y cláusulas anticompetitivas en contratos de exportación”, aseguró. No obstante, se mostró confiado en que la venta de la nueva garrafa social sea “una herramienta para presionar hacia abajo” los precios del mercado. Ahora bien, si la garrafa social se venderá en el uno por ciento de las bocas de expendio habilitadas y existe un mercado manipulado por un oligopolio, ¿por qué deberían bajar los precios en general?