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Un trabajo de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) acusa a Roberto Lavagna de haber ocultado al menos 2059 millones de pesos, de cuya existencia no dio cuenta y cuyo destino sería un verdadero misterio. Ese monto formaría parte de los recursos fiscales adicionales a los presupuestados, un paquete de dinero que días atrás el ministro de Economía detalló cómo está dispuesto a prorratear. Aquel análisis, realizado por el economista y diputado nacional Claudio Lozano, también objeta duramente la decisión oficial de asignar gran parte del excedente fiscal a paliar la crisis energética y a cancelar parte de la deuda fuera de reestructuración.
Según el informe de la CTA, cuando Lavagna explicó cómo repartiría 7841 millones de pesos adicionales, en rigor debería haber detallado la suerte que decidió asignarles a unos 9900 millones, tal el importe que resulta “del comportamiento fiscal que hasta el momento ha evidenciado el año”. Para Lozano, éste no es el primer “ocultamiento” en que incurre el jefe del Palacio de Hacienda. Por el contrario, al discutir el presupuesto para el año en curso, el dirigente de la CTA ya había denunciado que Economía elaboró “una hipótesis de recaudación muy por debajo de lo esperable”.
Lozano advierte también que la estrategia de “Lavagna, el ocultador”, también inhibió la práctica democrática de resolver el destino de los fondos a través del debate parlamentario. En virtud de las facultades delegadas por el Parlamento, el jefe de Gabinete puede disponer a su arbitrio de los fondos adicionales a los previstos en el Presupuesto, pero no hay regla que fije pautas para aquel dinero que está por encima de lo pautado en esa ley de leyes. He aquí el problema.
Finalmente, el documento de la CTA objeta de lleno dos de los destinos asignados por Economía al superávit fiscal adicional, que en conjunto equivalen al 43 por ciento del excedente:
- “La decisión de cancelar deuda no sujeta a reestructuración (aquella no defaulteada y, por lo tanto, no involucrada en la actual negociación con acreedores) es políticamente discutible.” Según el trabajo de Lozano, debería haberse analizado con más detalle el hecho de que podría haberse buscado una refinanciación de estas obligaciones, en un contexto de superávit fiscal y en atención a que las tasas de interés hoy son menores. Optar por el camino opuesto habría significado privar del 35 por ciento de aquel adicional (2727 millones) a otros objetivos sociales como el combate de la pobreza.
- Otra parte fue asignada, sencillamente, “al incremento de la renta petrolera”. La CTA cuestiona también el criterio de disponer de otros 2098 millones de pesos para afrontar los costos derivados de la crisis energética, entre ellos, el de alimentar con 700 millones al Fondo Estabilizador de Tarifas Eléctricas. Este pozo se alimenta con un porcentaje del precio de la energía y sirve para compensar a las generadoras cuando sus costos de producción suben estacionalmente. Como las usinas funcionan a gas, esos costos se dispararon por doble vía: las centrales se vieron obligadas a quemar fuel oil, varias veces más caro, o a comprar gas más caro, debido a las nuevas normas vigentes en el mercado.
El pecado original, según Lozano, fue, justamente, consentir una suba en el precio del gas boca de pozo a las petroleras que “vía devaluación u aumento en el precio internacional del crudo tuvieron un sustancial aumento de su facturación y una fuerte reducción de sus costos”.