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Desde hoy hasta pasado mañana, los máximos responsables de Telecom, Disco y Aguas Argentinas prestarán declaración indagatoria en el juzgado de Penal Económico Nº 3 de Julio Speroni por la presunta evasión de impuestos de esas firmas a través de la compra de facturas apócrifas. Se trata de las primeras convocatorias en el marco de una megacausa que involucra a otras empresas de renombre, que en conjunto habrían estafado al fisco por esa vía en un monto estimado en 400 millones de pesos. Si en cualquiera de los casos se constatara el delito y éste superase el millón de pesos por año y por impuesto, el responsable en cuestión podría quedar detenido, encuadrado en la Ley Penal Tributaria.
La causa fue promovida por la Administración Federal de Ingresos Públicos a fines del 2002 y, a raíz de la apertura de este trámite, en julio del año pasado se realizaron alrededor de ciento ochenta allanamientos con el fin de recolectar información que permitiera constatar esos delitos. Los datos recabados por la AFIP permitieron ir dibujando una red conformada por siete usinas de facturas falsas que, a su vez, involucraban alrededor de 200 empresas igualmente ficticias, supuestas proveedoras de servicios.
Telecom, Disco y Aguas, a su vez, formarían parte de un conjunto de consumidores de esos documentos integrado por no menos de seiscientas empresas de diversos rubros. Estas buscan evadir el Impuesto al Valor Agregado y Ganancias simulando gastos que, en realidad, nunca tuvieron. La clave está en el hecho de que las firmas “truchas” les emiten facturas por prestaciones difíciles de constatar por su intangibilidad, como consultorías, limpieza, o seguridad y que, en sus propios balances, tienen los débitos y créditos compensados.
A través de la denominada usina, una empresa ficticia por su objeto pero que está inscripta legalmente, vende facturas a cambio de una comisión, relativamente modesta en relación al monto facturado. La sede, tal como se constató en los allanamientos, suele coincidir con un estudio contable, jurídico, una escribanía o, simplemente, un monoambiente semivacío. Su máximo responsable es, por lo general, una persona insolvente que actúa como testaferro.
Un indicio de estas irregularidades era la gran cantidad de empresas que se estaban inscribiendo en la Argentina hasta hace unos meses, a razón de un promedio mensual de 5000 nuevos contribuyentes. Cifra que poco tiene que ver con la realidad económica, ni siquiera en momentos que ésta comenzó a recomponerse tras la crisis. Fue entonces cuando la AFIP modificó las condiciones para inscribirse como responsable del IVA.
Por seis meses, los nuevos contribuyentes debían cobrar sus prestaciones a través de giros mediante el uso de una CBU hasta que se demostrara su solvencia. De lo contrario, obtenían una factura “M”, por la cual quien lo contrataba le retenía los impuestos correspondientes al servicio prestado. Según asegura la entidad comandada por Alberto Abad, a partir de entonces se redujo en un 50 por ciento la cantidad de inscripciones mensuales.
Lejos de ser un problema exclusivo de la Argentina, el uso de facturas apócrifas es también muy común en países desarrollados como los europeos. En Alemania, sólo por citar un ejemplo, la entidad pierde alrededor de 14 mil millones de euros por año debido a esta forma de defraudación fiscal.