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La clave para los financistas es el 65 por ciento de adhesión. Si alcanzara o, por supuesto, si superara ese nivel, el Gobierno podría concluir que la reestructuración de la deuda resultó exitosa. En la city dicen que Néstor Kirchner y Roberto Lavagna se guardaron un as en la manga para atraer a los acreedores y lograr el objetivo de que la gran mayoría acepte la quita: después del canje por los nuevos bonos, los viejos títulos sufrirán cambios que perjudicarán a los inversores que los conserven. Incluso dejan trascender la amenaza de deslistarlos de las bolsas en donde cotizan. Ante ese panorama, tanto el Gobierno como los fondos de inversión internacionales ya empezaron a jugar en el mercado como si fuera un tablero de TEG.
Para llegar a ese resultado, en el equipo económico descuentan que las AFJP aceptarán la propuesta. Las administradoras acumulan títulos por unos 16.000 millones de dólares, el 20 por ciento del total. Se espera que las compañías suscriban un título Par en pesos. Para que todo salga bien, el Gobierno y los empresarios negocian la formulación de un “paraguas legal”, que proteja a las AFJP de eventuales demandas judiciales de sus afiliados.
Una vez que se haga pública la oferta flexibilizada comenzará la pelea de fondo con los acreedores particulares. Para presionarlos a que acepten, el Gobierno está dispuesto a castigar a los rebeldes. ¿Cómo? La clave estará en las distintas asambleas de bonistas que se llevarán a cabo cuando se conozca la nueva oferta. Hay que tomar en cuenta que existen 150 series distintas de emisiones y que cada una requerirá de reuniones individuales para aceptar o rechazar la propuesta oficial.
El plan del Gobierno es que, en esos cónclaves, los acreedores que den el visto bueno reciban los nuevos bonos con una condición: que voten una autorización al Gobierno para que éste pueda modificar las condiciones de los bonos viejos. Este tipo de acuerdo cuenta con antecedentes en los tribunales internacionales y, de hecho, ya fue utilizado en anteriores reestructuraciones de deuda soberana. Tiene un nombre: “consenso de salida”.
La clave de la movida es empeorar las condiciones de los viejos bonos con el objetivo de desincentivar a que los acreedores se los queden y firmen lo que les ofrece el Gobierno. ¿Qué se puede cambiar? Básicamente, la jurisdicción de ese título. Es decir, los tenedores de los bonos perderían la posibilidad de litigar contra la Argentina ante tribunales internacionales, que es la principal amenaza que agitan los acreedores. También se pueden eliminar ciertas garantías que acompañan algunas emisiones. Y hasta deslistar de los recintos bursátiles, con lo cual se haría muy complicado vender esos bonos. Hay tres cosas que no se pueden cambiar: el monto, el plazo y la tasa de interés de las series. Pero, por lo mencionada arriba, pasar a la ofensiva no es fácil: el Gobierno necesita del voto del 65 por ciento de los acreedores para modificar las reglas.
Mientras tanto, uno y otro bando operan en el mercado para sacar ventajas. Algunos fondos internacionales se lanzaron a adquirir algunos bonos colocados en Europa para impedir que el Gobierno llegue al 65 por ciento y pueda empeorar las condiciones de emisión. Con los papeles en su poder, los fondos se juegan a dos puntas: o bien lograr una mayor paga en un eventual repechaje, o bien ganar la pulseada en los tribunales. Sobre la primera opción, hasta ahora el Gobierno negó una segunda vuelta. Desestimó que pase lo mismo que con los canjes de Boden por depósitos, que fueron tres en total. Uno superador del otro.
El Gobierno montó su propia estrategia. De acuerdo con fuentes del mercado financiero, compró en el mercado series de bajo monto: la Argentina 2019 y la Argentina 2020, que a valor nominal sumaban 260 millones de dólares. De esta forma, les ganó terreno a los acreedores adquiriendo deuda con una quita nominal del 75 por ciento. No obstante, en Economía saben que una buena parte de la carrera al 65 por ciento se ganará con la adhesión de las AFJP. Funcionarios de primera línea consultados por Página/12 afirmaron que esas compañías van a aceptar porque es la única manera de sobrevivir. Se busca la manera de suavizar el impacto sobre los futuros jubilados con la emisión de un bono Par sin quita de capital. Eso no quiere decir que en la Casa Rosada hayan archivado los planes para reformar el sistema de la jubilación privada. Entre los cambios figura la posibilidad de que los afiliados puedan retornar al sistema de reparto. Pero ése será otro capítulo. Ahora, el objetivo es alcanzar la marca del 65 por ciento y salir del default.