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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de los militares que estuvieron al frente de las áreas en las que se dividió la Capital Federal durante la última dictadura. Son cinco retirados que llevarán a treinta el número de represores presos en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
Los nuevos pedidos de captura fueron libados contra el general de División Rodolfo Wehner, los generales de Brigada Teófilo Saa y Julián Capanegra y los coroneles Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez. Todos están acusados –serán interrogados mañana– por su responsabilidad en –al menos– cuarenta secuestros y tormentos realizados en el área que comandaban. Las imputaciones surgen de las denuncias de hábeas corpus, los legajos de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y testimonios judiciales.
El Ejército informó al juez que Wehner, que reside en Salta, padece un problema renal que lo obliga a realizar un tratamiento de diálisis. En las próximas horas el magistrado ordenará una pericia al Cuerpo Médico Forense para determinar si el general está en condiciones de ser trasladado a Buenos Aires.
También está incluido en esa solicitud de arresto el general Juan Bautista Sasiaiñ, quien ya está detenido en esta misma causa y debe presentarse para que le amplíen su declaración indagatoria este viernes. El general Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, también preso, cumplirá con el mismo trámite el lunes próximo.
La división del país en zonas, subzonas y áreas fue decretada mediante una directiva del comandante general del Ejército de octubre de 1975. En base a esa estructura se organizó la represión ilegal. La Ciudad de Buenos Aires constituía una subzona que estuvo al mando primero del general Jorge Carlos Olivera Rovere –preso en la causa– y luego de José Montes y Andrés Ferrero –que están muertos–. A su vez, la ciudad se fraccionó en siete áreas. Dos de ellas estuvieron a cargo de la Marina. El resto le correspondió al Ejército.
Durante los siete años que duró la última dictadura, fueron muchos más que los cinco militares que ayer se ordenó detener los que estuvieron al frente de las áreas de la Capital Federal. Pero Cesario Angel Cardozo, Arturo Amador Corbeta, Edmundo René Ojeda, Walter Eduardo Goitia, Jorge Hugo Arguindegui, Carlos Hipólito Assumma y Jorge Alberto Muzzio murieron antes de ser convocados por la Justicia.
El viernes, Canicoba Corral había ordenado el arresto de siete policías por el caso de la masacre de Fátima, en la que fueron asesinados treinta detenidos que estaban alojados en el centro clandestino que funcionó en la sede de Superintendencia de la Policía Federal. Cinco acusados quedaron en prisión –fueron derivados a la sede de la Policía Montada, salvo uno que se encuentra alojado momentáneamente en el Hospital Churruca– y fueron interrogados ayer. Todos negaron saber algo sobre los cuerpos hallados en Pilar el 20 de agosto de 1976. Aseguraron, sí, que mientras trabajaban en la dirección de Inteligencia de la Policía Federal se ocupaban de “espiar” a los partidos políticos y a “los subversivos”. De los otros dos policías que fueron incluidos en el pedido del viernes se supo que hay un fallecido –Carlos de la Llave– y uno prófugo –el suboficial Luis Alberto Martínez–.
Este expediente, que abarca los delitos cometidos en toda la Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, se reabrió después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En marzo, Canicoba Corral declaró también la inconstitucionalidad de los indultos.