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El Gobierno extendió por 180 días más el plazo para llamar a licitación pública nacional e internacional para volver a privatizar el Servicio Oficial de Correo. Dicho término se contará a partir del vencimiento de los primeros 180 días establecidos por decreto 1075/03, el mismo que rescindió el contrato del grupo Macri, a fin del año pasado. La prórroga quedó incluida al final del artículo 1º del decreto 721/04, que dispone la constitución de Correo Oficial de la República Argentina SA, publicado ayer en el Boletín Oficial.
En su artículo 2º, el decreto define que “el 100 por ciento del capital de la sociedad que se crea pertenecerá al Estado nacional”. Es decir, que no está contemplada en esta norma la privatización del capital accionario de la nueva sociedad, ni total ni parcialmente. Por otra parte, pese a la brevedad del término de gestión –si se supone que en medio año se llamaría a licitación para privatizar el servicio postal–, el decreto amplía las facultades de la administración oficial del correo tanto en lo que hace a su objeto como en los aspectos administrativos y de gestión.
Desde los considerandos, se define que la nueva sociedad tendrá “bajo su responsabilidad la operación del Servicio Oficial de Correo, hasta tanto se lleve a cabo su privatización”. Dicho servicio comprenderá, según lo dispone el artículo 1º del decreto, “todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía prestados oportunamente por Encotesa y los restantes servicios que la ex concesionaria Correo Argentino SA estuviese habilitada a realizar, incluyendo el Servicio Postal Básico Universal”.
Hasta la rescisión de la concesión, el correo argentino era explotado por una sociedad conformada por Sideco (Grupo Macri) con el 69 por ciento de las acciones, Banco Galicia con un 14 por ciento y la CFI, brazo inversor del Banco Mundial, con el 5 por ciento. El viernes último, al anunciar la creación de la nueva sociedad anónima de propiedad estatal, el ministro de Planificación, Julio De Vido, había señalado que la privatización del correo quedaba prorrogada sin fecha. Sin embargo, el flamante decreto establece expresamente el plazo para la convocatoria a licitación.
Pese a los frecuentes alegatos de los organismos internacionales a favor de las privatizaciones, a lo largo de la última década y media, ayer precisamente el Banco Mundial sorprendió en un informe en el que advierte que el pase de servicios públicos a manos privadas dejó de ser la panacea. La privatización genera cada vez más desconfianza en los países en desarrollo, advierte el trabajo, que cita el resultado de encuestas practicadas en Argentina y Perú, donde más del 80 por ciento de la población se opone a la atención de servicios públicos a través de empresas privadas.
Las críticas del informe ponen el acento sobre las instituciones encargadas de reglamentar las prestaciones y el rol de los organismos de regulación. Los órganos reglamentarios “deberían estar protegidos de toda injerencia política” y sus decisiones “sometidas al control judicial o de cualquier organización no política”, apunta.
El informe sobre reformas de infraestructuras recuerda que hará falta invertir unos 120.000 millones de dólares por año hasta el 2010 para asegurar la electricidad y 49.000 millones de dólares anuales hasta el 2015 para mejorar la situación en materia de acceso al agua potable y el saneamiento en los países más pobres para alcanzar los Objetivos del Milenio, acordados por la ONU.