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El gobierno bonaerense está decidido a embargar salarios para recuperar 700 millones de pesos. Es por impuestos atrasados por 370 millones más actualizaciones. Alcanzará a los ingresos de más de 2000 pesos. Si bien se trata de un piso bastante superior al salario mínimo vital y móvil, inembargable por ser considerado “alimentario”, se trata de un límite que puede afectar a las familias con dos o más hijos. En pocos días más, alrededor de 300 mil morosos comenzarán a recibir las intimaciones. “Queremos que sepan que ya estamos utilizando la facultad de embargar sueldos”, sostuvo el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya.
Para la legislación, los salarios son considerados como un ingreso similar a cualquier otro. Por ello, la ley permite el embargo de hasta el 20 por ciento. Sin embargo, esta situación, habitual en las relaciones entre privados, no había sido aplicada hasta ahora por el sector público. Al menos en ingresos que por su magnitud, a pesar de casi triplicar el ingreso promedio (en blanco) de la economía, se encuentra todavía dentro del límite que se destina al consumo, más cuando se trata del único ingreso de familias con dos hijos o más. No obstante, en las intimaciones que comenzaron a ser cursadas ayer se destaca que los 2000 pesos en cuestión equivalen a 6 salarios mínimos. Para la legislación, el único salario que está protegido es el mínimo vital y móvil, actualmente en 350 pesos.
La estrategia seguida por la administración de Felipe Solá fue obtener las bases de datos de salarios de todo el país, para después cruzarla con los deudores de la provincia, principalmente de impuestos inmobiliarios y patentes, pero también de ingresos brutos. Esto significa que las cartas llegarán a los deudores de la provincia de todo el país, y no solamente a los residentes. Desde el año pasado, la estrategia de cobro comenzó por los salarios más altos, pero finalmente ahora llega el turno para los de 2000 pesos. Desde el momento en que recibirán las intimaciones, los morosos tendrán un plazo de 20 días para regularizar su situación. De no ser así, la provincia amenaza con el embargo.