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Por M. M.

Roberto Lavagna no podrá cumplir con otra de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario para esta fecha: una nueva Ley de Coparticipación. El ministro ya avisó que solicitará un waiver al organismo, y a cambio garantizó la aprobación de la lLey de Responsabilidad Fiscal.
Lavagna dijo ayer que está última norma contaría con “un alto grado de consenso”. Sin embargo, el gran interrogante es cuál será finalmente la posición de Felipe Solá frente al proyecto del Ejecutivo. El gobernador está convencido de que “si a Buenos Aires no se le devuelven puntos de coparticipación”, atarse a una ley que fija estrictas metas de superávit fiscal lo dejaría ante un callejón sin salida.
La llamada coparticipación federal determina el reparto de todos los impuestos nacionales (salvo los del comercio exterior y la seguridad social), en primera instancia, entre la Nación y las provincias.
La Ley de Coparticipación vigente, sancionada en 1988, establecía que la Nación embolsaría el 44 por ciento de esos impuestos (en realidad un 1 por ciento iba a financiar la bolsa de los ATN), mientras que el 56 restante sería transferido a las provincias.
En el 2004, la Nación se apropia del 62 por ciento del pastel coparticipable y las provincias reciben sólo el 38 por ciento. Sin embargo, si se mira cómo se reparte la totalidad de los ingresos fiscales nacionales (incluyendo las retenciones a las exportaciones, que no se coparticipan, y el impuesto al cheque, que sólo coparticipa el 30 por ciento), la diferencia es aún más evidente: la Nación se queda con el 66 por ciento de los recursos tributarios y devuelve apenas el 34 por ciento a las provincias.
¿Cómo se llegó a esa situación? Como consecuencia de la presión del Fondo Monetario, que en un país federal sólo podía negociar metas de ajuste fiscal con el gobierno central, Domingo Cavallo logró arrancarles a los gobernadores la firma de los llamados Pactos Fiscales, por los cuales resignaron fondos a favor de la Nación.
¿Cómo se distribuyen, a su vez, los fondos entre las provincias? Buenos Aires aporta el 34 por ciento de los recursos fiscales a la bolsa de la coparticipación y retira sólo el 22 por ciento; Córdoba y Santa Fe contribuyen con alrededor del 8 por ciento, aproximadamente lo mismo que les vuelve; y en las provincias chicas la AFIP recauda menos impuestos nacionales de los que después les gira la Nación.
El “desequilibrio” en las cuentas de Buenos Aires se remonta a los tiempos de la administración Alfonsín. Entonces, el también radical Alejandro Armendáriz renunció a “puntos de coparticipación” que el Presidente redistribuyó entre las provincias más pequeñas, como parte de una estrategia de convivencia con los gobernadores justicialistas.
El proyecto de coparticipación de la administración Kirchner no modificaba, en lo sustancial, la desbalanceada asignación de los recursos fiscales entre la Nación y las provincias, además de congelar la posición relativa de Buenos Aires. Por eso, Felipe Solá y el duhaldismo bonaerense se apresuraron a vetarla.
El interés del Fondo Monetario por acelerar el trámite de la coparticipación residía en la creencia de que una nueva ley ofrecería “seguridad jurídica” a una distribución de impuestos favorable a la Nación. Sin embargo, Lavagna consiguió que en Washington admitieran que
el resultado podría ser justo el contrario. Existía el peligro de que las provincias terminaran birlando a la Nación ingresos necesarios para garantizar el superávit fiscal prometido a los acreedores.