[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En dos semanas el Gobierno deberá afrontar otro vencimiento con el FMI, por 140 millones de dólares, sin que el Directorio del organismo haya aprobado la tercera auditoría del acuerdo con la Argentina. Néstor Kirchner y Roberto Lavagna tendrán que decidir si pagan, sabiendo que el dinero no será reintegrado de inmediato, o si vuelven a tensar la relación con Washington. El Fondo demora la confirmación de que el país cumplió las metas como forma de presión para que se mejore la oferta a los acreedores. También reclama porque aún no está lista la renegociación de los contratos con las privatizadas. El portavoz del FMI, Thomas Dawson, manifestó ayer que “las conversaciones sobre la tercera revisión continúan”, cuando se suponía que la misión que estuvo en Buenos Aires durante junio se había marchado con el trabajo terminado. El Club de París, por su parte, exigió con dureza nuevos cambios en la propuesta de reestructuración de la deuda.
Cada tres meses, un equipo de técnicos del FMI viaja a Buenos Aires para corroborar el cumplimiento de las metas fijadas en el programa. Luego, eleva un informe al Directorio y éste hace la evaluación definitiva: si aprueba la revisión, el acuerdo sigue adelante; si la rechaza, el acuerdo se cae. “La revisión será aprobada, pero habrá que esperar”, evaluó ante Página/12 una fuente con llegada a despachos importantes en el FMI. El pronóstico es compartido por consultores y funcionarios de Economía. “El momento que los acreedores tienen para presionar es éste, antes de que el Fondo ratifique la continuidad del acuerdo, y lo hacen a través de los directores que los países con gran cantidad de bonistas defolteados tienen en el FMI”, explicó el hombre de la city.
Italia, Alemania y Japón son algunos de los países con miles de personas enojadas por el default argentino. Sus representantes en el Fondo son quienes plantean que el país debe ajustar su propuesta de reestructuración de deuda. El Tesoro de Estados Unidos, que en las dos revisiones anteriores terminó inclinando la balanza en favor de la Argentina, por ahora se mantiene prescindente, a la espera del resultado de las gestiones del Gobierno para conseguir una fuerte aceptación a la oferta de canje de bonos. Y en esa tarea, las cosas no vienen nada bien.
El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, viajó a Europa para defender y promocionar el Plan Buenos Aires, que contempla cambios sustanciales en favor de los acreedores respecto de la propuesta anterior, anunciada el año pasado en Dubai. El punto central es el reconocimiento de 18.000 millones de dólares de intereses generados tras el default. Sin embargo, la entrevista de Nielsen de ayer con el Club de París no resultó como esperaba. La institución agrupa a los países más desarrollados, en su carácter de acreedores o de virtual representante de acreedores privados. Jean Pierre Jouyet, presidente de la entidad, advirtió que mientras no haya una “solución satisfactoria” para los bonistas no habrá posibilidad de avanzar en la reestructuración de la deuda.
“Le dijimos (a Nielsen) que es necesario sin dudas que la propuesta sea mejorada. Es importante que antes de negociar se encuentre una solución satisfactoria para los acreedores privados”, indicó Jouyet. Asimismo, señaló que “él nos habló de los progresos realizados por la Argentina, del crecimiento económico y de las cuestiones presupuestarias”, y añadió que el funcionario también mencionó “el importante esfuerzo que hizo su país y defendió la posición de su gobierno”. “Sin embargo, me temo que la cuestión de los acreedores privados bloquea toda otra negociación”, concluyó el titular del Club de París.
El número dos del Palacio de Hacienda siguió viaje hacia Italia con la misma misión. Hasta el momento, distintos grupos de acreedores rechazaron la oferta del Gobierno. En línea con esa posición de dureza, el FMI hizo saber ayer que el proceso de aprobación de la tercera revisión todavía no está listo. “Las conversaciones continúan y se reanudarán la próxima semana”, indicó Dawson, quien precisó que del lado del Fondo “el diálogo será conducido por John Dodsworth”, representante permanente del organismo en el país. De ese modo, quedó descartado el envío de una nueva misión a Buenos Aires, como había trascendido periodísticamente. “En caso de que haya una misión, les avisaré”, dijo Dawson, con algo de ironía.
El 14 de julio vencen 140 millones de dólares con el Fondo. Si para entonces estuviera aprobada la tercera revisión del acuerdo, el Gobierno podría pagar sabiendo que en pocos días recuperaría el dinero, puesto que el convenio actual se basa en la refinanciación del capital de la deuda con los organismos de crédito. Pero todo indica que el Directorio no habrá aprobado la auditoría. En tal caso, el trámite quedará para septiembre, ya que en agosto todo se frena por las vacaciones. En agosto hay otro vencimiento por 140 millones de dólares, mientras que en septiembre vencen 650 millones.
“Lo más importante para el FMI es que el Gobierno arregle los contratos con las privatizadas y mejore la oferta de la deuda. La coparticipación y la ley de responsabilidad fiscal le interesan, pero son cuestiones secundarias”, dijo una fuente que conoce el pensamiento de las autoridades del organismo.