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Como un “servicio a los usuarios” de su sitio virtual, el Fondo Monetario, ahora conducido por el aznarista Rodrigo Rato (foto), difundió ayer una carta de intención que Roberto Lavagna (Economía), Guillermo Nielsen (Finanzas) y Alfonso Prat-Gay le remitieron el 10 de marzo pasado a Anne Krüger, en ese entonces a cargo de la conducción del organismo. El detalle curioso es que ese mismo texto ya había sido divulgado el 9 de julio. Su reiteración puede ser interpretada como una respuesta del FMI al hipercrítico documento lanzado el pasado jueves por el Ministerio de Economía. De manera indirecta, al subir de nuevo ese texto a su página, el organismo le está refrescando al público los compromisos que asumió la Argentina, alguno de los cuales no cumplió hasta hoy. Ello pretendería justificar la negativa del Fondo a aprobar la tercera revisión del acuerdo, y es una forma de rechazar los cuestionamientos argentinos al ente multilateral. Como encabezamiento se subraya que “el documento (la carta del mentado trío de funcionarios) es propiedad de la Argentina”, como diciendo: esto lo escribieron ellos, no fuimos nosotros, y no entregaron lo prometido. ¿Podría argumentarse que el Gobierno asumió esos compromisos (en septiembre de 2003) bajo coerción, porque de no hacerlo no habría logrado la refinanciación de los vencimientos de capital con el Fondo?
Como quiera que sea, ahora el organismo le reprocha a la Argentina los siguientes “incumplimientos”, desde su punto de vista:
- En la carta vuelta a publicar ayer, cinco meses atrás la conducción económica decía esperar para fines de marzo un acuerdo formal con los gobernadores sobre coparticipación y responsabilidad fiscal. A fines de mayo serían enviados al Congreso los correspondientes proyectos de ley, y a fines de agosto (es decir, del corriente) las provincias ratificarían esa legislación. Esta tenía el status de una meta cualitativa exigible (vale decir, no meramente indicativa).
Como el Gobierno vio que no podía avanzar con la reforma de la coparticipación (cuyo objetivo fundamental consiste en estimular a las provincias a mejorar su recaudación propia), se salteó ese primer objetivo, centrándose en la ley de responsabilidad fiscal, cuya sanción logró la semana pasada. Sin embargo, para los críticos esa norma no será efectiva porque no contempla sanciones severas como la similar brasileña ni es simétrica respecto de la posibilidad de aumentar el gasto: autoriza hacerlo cuando crezca el Producto (lo cual puede ser procíclico), pero no obliga a contraerlo en las recesiones (lo que sería evidentemente insensato porque agravaría las crisis).
Respecto de ese paquete y de otras “reformas estructurales”, Economía le recrimina ahora al FMI su insistencia en imponer metas sin reparar en las restricciones políticas e institucionales que afronta el Gobierno. Le endilga también un efecto contraproducente, ya que induce a la opinión pública a asociar esas reformas con el Fondo y considerarlas como imposiciones de éste, lo cual aumenta la resistencia a esos cambios.
- La carta afirmaba que ya se venía trabajando en la reforma tributaria para ir eliminando los impuestos “distorsivos”. Pero lo único que se hizo fue bajar dos décimas el impuesto a las Transferencias Financieras. El propio Lavagna acaba de descartar la reforma porque en la transición resentiría la recaudación. La Argentina prometía debatir con el Fondo la reforma al momento de la (ahora abortada) tercera revisión del acuerdo y someter el proyecto al Legislativo en septiembre.
- En la misma carta, al abordarse las compensaciones a la banca por los revoleos patrimoniales posteriores a la salida de la convertibilidad, Economía y el BCRA pidieron –y obtuvieron– una dispensa del Fondo respecto de las pérdidas causadas a los bancos por la indexación asimétrica. En lugar de liquidar el asunto para fines de marzo, como se había prometido, se solicitaba correr la fecha a fines de junio. De hecho, el Central reglamentó esa compensación, y Economía ratificó el 18 de mayo un criterio menos generoso que el deseado por los banqueros. Muchos de ellos prefirieron no adherir al esquema, para no correr el riesgo de terminar teniendo que entregarle bonos al BCRA en lugar de recibirlos, cada vez que el índice salarial (CVS) crezca más que los precios al consumidor (CER). Como es habitual, el FMI se ha puesto del lado de los bancos en la controversia, pero el Gobierno juzga que esa meta ha sido cumplida.
- En cuanto a los amparos, por unos 7000 millones, el Gobierno se rehúsa a compensar a los bancos, aunque en la carta de intención de septiembre último suscribió una frase ambigua, comprometiéndose a “evaluar el impacto de decisiones judiciales”. Como los bancos anotaron en el activo de sus balances la suma que cada uno esperaba recibir por tal concepto, como si se tratara de una acreencia, el Central resolvió, como gesto amistoso, permitirles ir dando de baja (amortizando) ese activo en sesenta cuotas mensuales para que los estados contables no sufran un brusco castigo.
- Otro agravio del Fondo concierne a los contratos con las privatizadas. “Esperamos completar la renegociación de otras 39 concesiones para cuando acabe junio”, para luego someter los nuevos contratos a audiencias públicas, permitir su revisión por los entes de control y lograr la ratificación por el Congreso. De esos propósitos se cumplió menos del 10 por ciento.
- Tampoco respecto de la restructuración de la banca pública se cumplieron los plazos, aunque el Gobierno considera que la auditoría de esas entidades está encarrilada. En el caso del Banco Nación, que es el principal de todos, se cayó el contrato con la consultora. La firma desechada elevó una queja al Fondo.
- Un tema controvertido es el de la creación de una agencia que regulará al sistema financiero, y que será independiente y rendirá cuentas al Parlamento. El decreto que dispone la creación de ese ente ya vio la luz, pero sigue irresuelta la puja entre Economía y el Banco Central. El equipo de Lavagna sólo está dispuesto a respaldar la aplicación del mecanismo conocido como inflation targeting (metas de inflación), como brújula de la política monetaria, si el BCRA se concentra en esta tarea, desprendiéndose de la actual Superintendencia de Entidades Financieras. En concreto, el instituto emisor tendría participación en la nueva agencia, pero no la controlaría.
Lo cierto es que la Argentina asumió el compromiso de adoptar el inflation targeting, que es una manera de reasegurar la estabilidad, si es preciso a costa del crecimiento, al menos en su versión ortodoxa. Los lavagnistas no pueden aportar ningún argumento técnico por el cual el Central no pueda ocuparse de la política monetaria y del contralor del sistema bancario al mismo tiempo, mientras que el BCRA puede aducir que para manejar la masa de medios de pago es importante tener gobierno sobre lo que hacen los bancos, que también crean moneda.
Sin embargo, sería algo ingenuo reducir esta brega a meras cuestiones técnicas, y ni siquiera políticas. La fiscalización de la banca supo ser fuente de irregularidades y corrupción, y es una impresionante fuente potencial de ingresos oscuros. Algunos miembros incluso del actual directorio del Central, aunque manteniendo un perfil muy bajo y negándose a hablar con la prensa, salvo contadísimas excepciones y en condiciones de estricta reserva, refieren manejos sospechosos y cuestionables. Por de pronto, el área no está en manos técnicas sino políticas, vinculadas al duhaldismo, y en el directorio se viven momentos de gran tensión.
Ahora la pregunta esencial es si los incumplimientos cualitativos de la Argentina seguirán siendo usados por el FMI como pretexto para el hundimiento del acuerdo, en la esperanza de que el país mantenga no obstante sus pagos al organismo y este alcance así el objetivo de seguir bajando su exposición argentina. Pero, por otro lado, si se llevara al extremo esta refriega y el país no retirara no obstante su oferta a losbonistas defolteados, el eventual acuerdo tendría una base muy endeble, dependiendo de una posterior refrendación del Fondo. Por el momento se apuesta sin embargo a que la sangre no llegue al río.