[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Corte Suprema está cerca de dar un paso más para remover los escollos en los juicios contra represores por los crímenes cometidos durante la última dictadura. La semana próxima intentará firmar un fallo que reconozca la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y su carácter retroactivo. Lo hará en el expediente que llevó a reclusión perpetua al ex agente de inteligencia chilena Enrique Arancibia Clavel por el asesinato, cometido en Buenos Aires en 1974, del ex jefe del ejército trasandino Carlos Prats y su esposa. En cambio, antes de definirse sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el tribunal prefieren seguir esperando a que lo haga primero la Cámara de Casación Penal.
Es común que en las causas en que se juzgan las violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado, los militares cuestionen que se aplique la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Alegan que aunque es un pacto de 1968 no fue respaldado por una ley argentina hasta 1995, con posterioridad a los delitos que se les imputan. Hasta ahora esa norma fue invocada por la Corte cuando resolvió la extradición del ex jerarca nazi Erich Priebke. Pero varios juristas que siguen los juicios contra represores de cerca dicen que es necesario que el alto tribunal afirme la primacía de ese convenio internacional sobre las leyes locales, más aún teniendo en cuenta que el año pasado el Congreso le dio rango constitucional.
Para definir este asunto, la Corte eligió el caso de Arancibia Clavel, condenado en noviembre de 2000 por el Tribunal Oral 6 por participar de una asociación ilícita –la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA)– y por el homicidio de Prats y su mujer, Sofía Cuthbert, cometido en Palermo, uno de los episodios emblemáticos del Plan Cóndor. Más tarde, la Cámara de Casación dio por prescripta la asociación ilícita, pero dejó en pie la condena por los asesinatos. Entre las apelaciones ante la Corte, el abogado del Estado chileno, Alejandro Carrió, cuestionó la prescripción porque la DINA cometía en Chile y el exterior delitos de lesa humanidad.
Durante la reunión plenaria de ayer los supremos reflotaron el tema, que antes de la incorporación de Elena Highton de Nolasco a la Corte venía dando vueltas sin conseguir mayoría. Ahora, al parecer, con el voto de la nueva jueza ya habría cinco para firmar un fallo que diría que la asociación ilícita en el caso de Arancibia no prescribe. Los otros cuatro son Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Antonio Boggiano y Raúl Zaffaroni. Tienen distintos proyectos, pero apuntan en igual sentido.
Uno de los argumentos dice que siempre tiene primacía la Convención sobre Imprescriptibilidad, cuyo texto explicita su retroactividad. Otro señala que los fallos de la Corte Interamericana son de aplicación obligatoria y ya en el caso Barrios Altos consideró inadmisibles la amnistía, la prescripción u otras medidas que impidan la sanción de los responsables de crímenes de lesa humanidad. En el extremo opuesto, Carlos Fayt dice que permitir el uso de la Convención hacia atrás vulnera el artículo 18 de la Constitución, que dice que nadie puede ser penado “sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Augusto Belluscio y Adolfo Vázquez tienen ideas similares.
La Corte apuesta a firmar la imprescriptibilidad como un escalón antes de tomar una decisión sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final o sobre la ley que las anuló. En este asunto, que será clave para despejar por completo el camino de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, aún no hay consenso entre los jueces y esperarán la voz de Casación, un tribunal proclive a aceptar planteos de militares. De todos modos, si los supremos dicen en su acuerdo de la semana que viene que no prescribieron los crímenes cometidos por Arancibia Clavel, se abrirá una puerta para reanudar el enjuiciamiento de militares, incluso los indultados.