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A pesar de la reciente negativa del ministro de Planificación Julio De Vido a un ajuste estacional en el precio de la energía eléctrica, una resolución de la Secretaría de Energía autorizó un incremento en el valor mayorista de la electricidad que, según las precisiones ofrecidas ayer por Planificación, promediará el 14 por ciento en la factura final de industrias y comercios. El ajuste regirá desde el 1º de septiembre al 31 de octubre y excluye expresamente a los usuarios residenciales.
Según aclaran los considerandos de la resolución 842 publicada ayer en el Boletín Oficial, el incremento tiene por objetivo “darle sustento económico financiero al segmento eléctrico mayorista”, que no está recibiendo una remuneración acorde con los costos operativos que debe enfrentar, en particular desde que la insuficiente provisión de gas obligó al sistema a utilizar combustibles más onerosos como el fueil oil.
Debido al congelamiento tarifario, opuesto a esos crecientes costos operativos, la administradora del mercado eléctrico mayorista (Cammesa) fue acumulando un millonario déficit a favor de las generadoras, que el Estado fue cubriendo paulatinamente con préstamos reintegrables. Pero después de exhaustivos análisis con las empresas del sector, Energía habría resuelto seguir autorizando ajustes para los grandes usuarios industriales y comerciales no ligados a las usinas a través de contratos de provisión específicos.
Los nuevos valores de referencia llevan a 50,85 pesos el megawatt hora en las horas pico; a 41,50 pesos en las restantes y a 38,59 pesos para los momentos de valle. En otros términos –y según los cálculos precisados por el ministerio de De Vido–, los nuevos valores entrañan un incremento del 13,58 por ciento para la G1 (que enfrentaría un ajuste de 11 centavos por día), del 14,57 por ciento para la G2 (cuyo valor de factura pasa de 3,78 pesos por día a 4,34 pesos), del 14,56 por ciento para la T2 y del 15,23 por ciento para la T3.
En febrero pasado ya se había aplicado un ajuste estacional del 15 por ciento en el precio de la energía eléctrica que sólo afectó a los grandes consumidores, criterio que se vuelve a aplicar ahora. Aquella resolución exceptúa expresamente a los usuarios residenciales, considerándolos afectados por la “grave emergencia económica y social” que vive el país.
Esta corrección se da en el marco de la revisión de contratos firmados con transportistas y distribuidoras, empresas que operan en el segmento totalmente regulado de precios.