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La disparada del precio de los combustibles sigue sin control. El Gobierno fracasó ayer en un nuevo intento por arribar a un acuerdo con las petroleras para atenuar los aumentos, especialmente del gasoil. Como reflejo del conflicto, ayer se anunciaron paros del autotransporte de pasajeros y del transporte de cargas para este fin de semana. Las comercializadoras de combustibles no se resignan a perder la potestad de ajustar los precios finales hasta adecuarlos a la nueva cotización del dólar, mientras que el Ejecutivo no se atreve aún a aplicar las normas de regulación que le confieren la Ley de Abastecimiento y la de Emergencia Económica para evitar un incendio.
La Secretaría de Defensa de la Competencia intimó ayer a las empresas petroleras a que “arbitren las medidas necesarias tendientes a garantizar el normal abastecimiento del mercado de combustibles líquidos, en particular el del gasoil”. Según las cifras elaboradas en la Secretaría de Energía, durante el primer trimestre de este año la oferta de dicho combustible al mercado interno resultó inferior en un 16 por ciento a la de igual período del año anterior. En volúmenes, la caída alcanzó a 445 mil metros cúbicos, como consecuencia de una baja en la producción (228 mil m3 menos) y en la importación (140 mil m3), y un aumento en las exportaciones (77 mil m3).
Paralelamente, los aumentos de precios del gasoil al público en lo que va del año oscilaron entre el 30 y el 32 por ciento en el caso de YPF, Shell y Eg3, y superó el 43 por ciento en las pizarras de Esso. Más acentuados fueron los ajustes a nivel mayorista (el precio que pagan las empresas transportistas por compras a granel), que variaron del 50 al 54 por ciento en las tres primeras y en un 75 por ciento en las que suministra Esso.
De acuerdo con la estimación de las comercializadoras de combustibles, los valores de venta a usuarios “apenas” reflejan una paridad cambiaria de 1,40 a 1,50 pesos por dólar, por lo que para proyectar la cotización de 2,70/2,80 del dólar en el mercado, calculan necesario un aumento adicional de 20 a 25 centavos por litro de gasoil, hasta ubicarlo por arriba de un peso por litro.
En el propio gobierno no se ponen de acuerdo en cómo contrarrestar la política “dura” de las petroleras. Desde la Secretaría de Transporte se propuso “compensar” a las transportistas con un subsidio al gasoil, de modo de evitar su traslado a tarifas. La Secretaría de Defensa de la Competencia, en cambio, plantea la imposición de retenciones móviles a la exportación y precios de referencia en cada eslabón de la cadena de los hidrocarburos y derivados, si no hay un acuerdo de contención de precios con las empresas. La Secretaría de Energía, en tanto, es la más proclive a conciliar intereses, hasta ahora sin éxito.
Tampoco los legisladores oficialistas presentan un frente unificado. Ayer, durante la reunión de las comisiones de Energía de ambas cámaras con los secretarios de las mencionadas áreas se escucharon expresiones durísimas, lindantes a un reclamo de renacionalización de pozos productivos e instalaciones. “Avancemos sobre las refinerías”, fue una de las grandilocuencias que se oyeron en el encuentro. La conclusión final, de tono más moderado, fue un reclamo al Estado de que “asuma un rol activo para frenar las alzas de combustibles”. En tanto, los legisladores con origen en provincias petroleras –que “viven” de las regalías “dolarizadas”– adoptaron una actitud más cauta, cuando no ausente.
En este juego de intereses, hasta las petroleras presentan contradicciones. Las que refinan pero no producen localmente, como Esso y Shell, se quejan de tener que pagar el petróleo a precio internacional a los productores locales, pero sin poder trasladar el mayor costo integralmente a los combustibles. Los que producen pero no comercializan, como Pérez Companc y Pan American Energy, dicen que no están dispuestos avender al mercado interno a un valor menor al que podrían exportar. La única empresa con intervención en toda la cadena y, además, con posición dominante, Repsol YPF, no sólo está haciendo la mayor diferencia produciendo a costos locales pero vendiendo a precio internacional sino que, además, está quedándose con porciones crecientes del mercado, ante el retroceso en la oferta de Esso, principalmente, y en menor medida de Shell y Eg3. En la Secretaría de Energía están bajo análisis algunas denuncias acerca de discriminación en la entrega de crudo entre compañías con la supuesta intención de desplazarlas del mercado, ahora que la importación (ya sea de crudo o de producto) resulta prohibitiva.
Tras el encuentro en el Congreso, los secretarios de Transporte y de Energía, Guillermo López del Punta y Alieto Guadagni, intentaron conciliar posiciones con las petroleras para evitar nuevos aumentos. Aunque todos los participantes evitaron hacer declaraciones públicas, trascendió que el propósito oficial quedó frustrado ante la intransigencia empresaria. La alusión de los funcionarios a la “situación de emergencia” sirvió de poco, ya que no convenció a los petroleros de postergar a futuro los ajustes de precios hasta alinearse con los precios internacionales, a la nueva paridad. La perspectiva, por ahora, es que seguirán los aumentos del gasoil y el resto de los combustibles. Pero con un nuevo condimento: un paro general del transporte.