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El equipo económico analiza la posibilidad de gravar las Lecop, el bono nacional que surgió para compensar el faltante de pesos. La idea fue tirada sobre la mesa por el saliente secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, quien la concibió como una herramienta para reforzar la magra recaudación y, básicamente, evitar una singular maniobra de algunos empleadores para eludir los aportes patronales, entre otros gravámenes.
Según le consta a Economía, muchas firmas, básicamente del interior del país, contratan camiones de caudales para comprar esos títulos a supermercados u otras empresas que los reciben masivamente. Estos papeles son luego utilizados preferentemente para pagar sueldos, eludiendo, las cargas patronales, amén del resto de los tributos a que se ve obligada cualquier firma que opera íntegramente en blanco. Hay casos en los que sirve, directamente, para iniciar un circuito comercial negro, el más común, la compra de ganado.
Lamberto le encomendó al secretario de Ingresos Públicos, Eduardo Ballesteros –a quien en el Palacio de Hacienda identifican como un sucesor de Carlos Tacchi, por el ánimo presuntamente confrontador con las empresas– estudiar cómo puede instrumentarse técnicamente un gravamen sobre las Lecop, a semejanza del que hoy se carga sobre los cheques. Según cálculos oficiosos de Hacienda, el primer rédito de ese tributo en génesis, sería reforzar la recaudación en no menos de 400 millones de pesos, que bien vendrían para paliar el derrumbe de la recaudación.
Durante el primer trimestre del 2002, el déficit de caja del sector público nacional fue de 1800 millones de pesos, lo que amenaza como excesivamente modesta la brecha fiscal calculada en el Presupuesto.
Esto es así, a pesar de que en los tres primeros meses, y salvo algunas excepciones, se ejecutó apenas la mitad de la pauta de gastos previstos en esa ley, nivel de achique del gasto “insostenible”.
Sin embargo, para Lamberto el drama no es tan contundente, aunque ayer aún no se habían podido pagar los sueldos al personal universitario. En parte las esperanzas están fundadas en el hecho de que durante abril las importaciones habrían comenzado a remontar tímidamente, reforzando las arcas aduaneras. Pero, fundamentalmente, por los 2200 millones de pesos que ingresarían este año vía las retenciones a las exportaciones, más el bálsamo del impuesto sobre las empresas con deudas pesificadas.
Los legisladores oficialistas estarían dispuestos a retocar la iniciativa presentada por el diputado Carlos Brawn, de modo tal que el gravamen sobre las empresas cuyas deudas en dólares fueron convertidas a peso al tipo de cambio convertible (1 peso, 1 dólar) sea un tributo coparticipable y no que integre un fondo específico extrapersupuestario, algo que poco seduce al Fondo Monetario Internacional. El otro gran desvelo oficial es la caída de los ingresos previsionales, que obliga al Tesoro a asistir cada mes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) con 800 millones de pesos.