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El dirigente de los desocupados Raúl Castells fue absuelto por la Justicia luego de un proceso de siete años en el que la acusación central consistió en haber escrito en una pared del PAMI “Cavallo ladrón de los jubilados”. En la audiencia oral realizada ayer, los testigos que lo habían incriminado (en su mayoría policías) se desdijeron o argumentaron no recordar lo sucedido. Los cargos contra Castells eran por daños, resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la circulación de vehículos. Si bien la acusación se cayó por falta de pruebas, el tema de fondo en discusión fue el ejercicio del derecho a peticionar.
La protesta en la que se realizó la pintada contra Cavallo ocurrió en marzo del ‘95. Encabezados por Castells y Norma Plá, un grupo de jubilados se reunió frente al PAMI para denunciar un contrato millonario con una empresa que proyectaba películas para los abuelos a un costo promedio de 92 dólares cada entrada. Con el escándalo el contrato fue suspendido, pero a manera de indemnización el PAMI les entregó a los titulares de la firma –según Castells vía Cavallo– un millón 250 mil dólares. Las movilizaciones y el graffiti contra el ex ministro se realizaron en repudio de este pago. Hubo incidentes con la policía y en medio de las corridas los manifestantes rompieron el vidrio de una mesita ratona. La Justicia formuló cargos por daños y resistencia a la autoridad.
El segundo episodio llevado a juicio ocurrió en la misma época, en una manifestación frente al Ministerio de Trabajo. Los manifestantes se oponían a que diputados y senadores quedaran habilitados para entregar subsidios. Castells intentó traspasar el vallado e ingresar al edificio y fue detenido, se le formularon cargos por resistencia a la autoridad. “La autorización para entregar aquellos subsidios finalmente se concretó”, recordó ayer el dirigente. “Tiempo después, en base a ella Alvaro Alsogaray le otorgó una pensión a su nieto Luis, de 26 años, y Samid benefició a dos familiares, entre otros casos similares.”
En la puerta del tribunal se reunieron desde temprano piqueteros del Movimiento de Jubilados y Desocupados (MIJD), de Barrios de Pie (CTA), manifestantes del CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) y la asamblea de vecinos de Córdoba y Anchorena. Hasta el segundo piso donde sesionó el tribunal se filtró durante toda la mañana el ruido de los bombos y los cantos de la gente que manifestaba bajo la lluvia.
El juicio a Castells se realizó en una sala chica, de paredes blancas y despojadas, sin otro lujo que dos ventiladores de techo. En los asientos para el público se acomodaron los que pudieron entrar, no más de doce personas. Por tandas, presenciaron la audiencia Luis Zamora, Vilma Ripoll, Julio Piumato, José Montes, los hermanos Fabio y Ariel Basteiro y Néstor Pitrola.
De los 13 testigos citados ninguno confirmó la existencia de los delitos imputados a Castells, incluso desmintiendo sus declaraciones iniciales. El fiscal Alfredo Dellagiustina pidió la absolución, que fue concedida por el juez Francisco Ponte. Con anterioridad, el magistrado había liberado de culpas al dirigente, pero la cámara revocó el sobreseimiento y se llegó así a la instancia oral.
Más allá de la absolución, los defensores plantearon la cuestión de la criminalización del conflicto social. “Lejos de cometer un delito, Castells defendió derechos reconocidos en la Constitución nacional”, sostuvo Ivana Dal Bianco, del CEPRODH, mientras que su par Jorge Ceballos, de Barrios de Pie, recordó que los siete años que duró el proceso judicial fueron años marcados por “el abandono del Estado del sistema de protección social, mientras se impulsaban políticas que aumentaron la brecha entre ricos y pobres”. En este marco, concluyó Ceballos, “se hostiga y persigue a quienes reclaman por sus derechos”.
Castells no recuperará la libertad, ya que cumple prisión domiciliaria en otra causa, abierta a raíz de una protesta en la Municipalidad de Lomasde Zamora. La semana entrante, además, debe responder en La Plata por una acusación originada en un corte de ruta con el que se pidieron planes de empleo y asistencia alimentaria.