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“¿Quién dijo que la Corte podría avalar una cosa así?” La pregunta, formulada ayer al mediodía por un alto funcionario de la Corte Suprema, resumía la reacción de la mayoría de los ministros al conocer la inminente firma de un decreto para frenar el escape de fondos del corralito. El contenido en danza no era, decían, el que venían conversando con sus interlocutores del Ministerio de Economía y del Congreso, con quienes además negocian el futuro del juicio político en su contra. Los supremos se habrían mostrado dispuestos a aceptar una disposición que trabara la devolución de fondos, “pero ordenar a quienes ya cobraron que devuelvan la plata sería una inconstitucionalidad alevosa”, explicó un allegado a la presidencia del tribunal. El tema estuvo presente en la reunión habitual de los martes de los cortesanos en la que, además, el juez menemista Adolfo Vázquez anunció que desde la semana próxima se tomará licencia.
El decreto de necesidad y urgencia anunciado el martes públicamente por el equipo económico había sido conversado con la Corte Suprema, confirmaron fuentes gubernamentales y judiciales. En Economía no faltan voces que dicen que, en realidad, los ministros del alto tribunal están “ejerciendo una extorsión política”: primero dijeron una cosa y después otra porque nadie les garantiza que el proceso de juicio político quede paralizado, sostienen. El 25 de abril la Comisión de Juicio Político elevaría los dictámenes de acusación.
Desde la Corte, un hombre cercano a Julio Nazareno explicó a Página/12: “Una norma que establezca que la Justicia sólo puede dictar medidas de no innovar en los amparos contra el corralito no tendría inconvenientes, de hecho, sería un calco de la resolución del 28 de diciembre en el que la Corte falló contra el camarista Claudio Kiper, a quien el juez Martín Silva Garretón había autorizado a retirar más de 200 mil dólares del banco. Silva Garretón superpuso erróneamente el objeto de la medida cautelar y el que se pretendía de una sentencia definitiva. Eso fue lo que se objetó. La prohibición de no innovar permitiría que la plata quede en el banco y cuando se resuelva el fondo la gente la recupere”.
Hasta ahí, añadió el funcionario, la Corte cuenta “con jurisprudencia” que habilita una vía para poner freno al “goteo” de fondos con sólo postergar la aplicación de fallos contra el corralito. “Pero permitir que los bancos puedan reclamar a los ahorristas la devolución de lo que ya retiraron es una locura, sería una inconstitucionalidad de escuela”, sostuvo. “Eso es muy difícil de respaldar”, agregó otro allegado a la mayoría automática.
Digan lo que digan, los ministros de la Corte mantienen un juego ambiguo. Ayer firmaron un acuerdo por el que conformaron una especie de comisión que encabezará el secretario Claudio Serra e integrarán varias secretarías del tribunal –las de Jorge Migliori, María Alvarez de Magliano, Rolando Gialdino, Fernando Vocos junto con el auditor Jorge Dal Zotto– con el objetivo específico de analizar las demandas contra las restricciones bancarias. La explicación oficial es que la Corte ya recibió 5.000 causas a las que ni siquiera pudo dar trámite. “Solamente el martes entraron 1.500 presentaciones y el promedio que veníamos viendo era de 600 por día”, señalaron a este diario.
La decisión, sin embargo, tiene otras lecturas: la Corte estaría ignorando el posible decreto presidencial o anticipándose a que no salga –de lo contrario poner gente a trabajar con los amparos no tendría sentido–, o bien la Corte podría estar preparándose para concentrar por “per saltum” todos los amparos contra el corralito tal como le pidieron las asociaciones de bancos ABA y Abappra al igual que el ministerio de Economía en presentaciones que reclamaban la suspensión de medidas cautelares.
Así las cosas, las proporciones entre los supremos podrían alterarse desde el lunes próximo cuando el juez Adolfo Vázquez, como anunció ayer entre sus pares, entre en licencia por lo menos por un mes. Vázquez dice que en medio del juicio político, no puede mantener independencia.