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El sector empresarial y las compañías aseguradoras de la Argentina no están nada contentos con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, al declarar inconstitucional la disposición que eximía a los empleadores de toda responsabilidad sobre accidentes y enfermedades laborales de sus trabajadores. Ahora que el artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo queda sin aplicación, y con la posibilidad para que entonces los empleados recurran a la justicia civil para pedir una indemnización por accidente, los empresarios aseguran que la medida “resentirá la creación de empleo” y podría incluso “fundir” al sector.
En cambio, la opinión del abogado de la CGT, Héctor Recalde, fue la opuesta. El abogado dijo que el fallo priorizaba “los derechos humanos sobre las leyes del mercado” cuando “la prevención es una mentira porque la seguridad social y el lucro son incompatibles”.
“La creación de fuentes laborales es un objetivo primordial en la actualidad y esta ley tiene que contribuir a eso”, se quejó ayer Mara Bettiol, gerente general de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Y más aún, para Bettiol, el fallo de la Corte ni siquiera vendría a representar un beneficio absoluto para los trabajadores, sino que los “sometería a un proceso judicial para ver si tienen la suerte de que un juez falle a favor y si, una vez terminado el juicio, la empresa está en condiciones de pagarlo”. Lo que debería hacerse si las prestaciones de las ART son insuficientes, estimó la gerente, “es mejorarlas y aumentarlas”.
En la misma sintonía, el asesor del sector empresario, Julián De Diego, añadió que la decisión de la Corte generará a las empresas costos imprevisibles y que “la moda del juicio” quedaría fomentada. “No es correcto que uno tenga dos sistemas en paralelo (vía ART y vía juicio civil) porque está reparando dos veces el mismo daño”, sostuvo.
Ricardo Greter, asesor laboralista de las Confederaciones Rurales Argentinas, se sumó a estas consideraciones y aseguró que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 provoca una inseguridad jurídica tal que “puede fundir” a las empresas, agregando que “si los montos que se cubren no alcanzan, en una mesa de conciliación se puede buscar una nueva forma de indemnización”. Greter valoró también que, en ese sentido, son las pequeñas y medianas empresas las que se verían mayormente afectadas al concentrarse en ellas el grueso de la mano de obra.