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Por Claudio Lozano *

El gobierno nacional está sometiendo a debate parlamentario la creación de Enarsa. Resulta saludable tomar la decisión de crear una herramienta estatal en el mercado de la energía. Se trata de una decisión estratégica e imprescindible para un país que luego del despojo privatista ha visto reducida a la mitad su horizonte de reservas en materia de hidrocarburos, que ha orientado prácticamente el 30 por ciento de su producción al mercado mundial, que ha desabastecido el mercado interno y que ha convalidado precios internos en línea con los valores internacionales.
La Argentina necesita recuperar el manejo de su “renta petrolera” y requiere de la afirmación de una ecuación energética que permita combinar la explotación de los recursos de que disponemos en base a criterios de sustentabilidad. Este es, a no dudarlo, el consenso mayoritario en la Cámara de Diputados de la Nación. Consenso que, por otra parte, no hace más que reflejar la nueva etapa política que vive la sociedad argentina.
Sin embargo, las modificaciones introducidas en el Senado han abierto una compleja situación, poniéndole obstáculos a la manifestación necesaria del citado consenso político. En concreto, el Senado modificó lo que inicialmente era una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y la transformó en una peculiar empresa privada, por cierto sujeta al derecho privado y comercial; y que si bien hoy tendría mayoría estatal mañana (según parte de la biblioteca jurídica indica) quizá podría modificarse. De igual modo, esta modificación pone en cuestión la pertinencia de los “controles del Estado” sobre la citada empresa “privada”.
Las prevenciones que emergen a partir de lo expuesto amenazan con impedir la consolidación del consenso político que una decisión estratégica supone, como la que Enarsa requiere. Estas prevenciones podrán considerarse exageradas o no, pero existen y se fundan tanto en la experiencia histórica concreta de nuestro país como en la ausencia de un marco regulatorio del sector de hidrocarburos. No discutimos en abstracto. La Argentina tiene experiencia de saqueos y también de sociedades anónimas que han resultado un tránsito hacia su privatización. Así, en 1987 se creó la Empresa de Energía de la Provincia de Buenos Aires con mayoría estatal provincial y participación de las cooperativas y de los trabajadores; luego en 1997 con otro contexto y otro gobierno en la provincia de Buenos Aires, la figura de la sociedad anónima posibilitó la privatización y extranjerización de la empresa. La historia indica que corresponde tomar recaudos. Máxime cuando en el caso de Enarsa dispondrá de la “titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación de la totalidad de las áreas marítimas nacionales”.
Es indispensable construir consensos políticos mayoritarios en torno de los ejes estratégicos que definen un verdadero proyecto de país. El caso de Enarsa es uno de ellos y el Gobierno tiene la responsabilidad y la posibilidad de construirlo.

* Diputado nacional. Mesa Nacional de la CTA.