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La Cámara de Diputados se disponía a aprobar anoche con modificaciones el proyecto de ley de creación de Energía Argentina S.A., Enarsa, la empresa con control estatal con la que el Poder Ejecutivo aspira a tener una mayor injerencia en el sector energético. Las modificaciones introducidas determinan que el proyecto vuelva al Senado, donde se descuenta su aprobación. Para el gobierno se trata de una “oportunidad histórica” para recuperar el rol del Estado, precisamente en un mercado donde el dato central es el oligopolio y donde la ausencia de un planeamiento estratégico y de largo plazo desembocó en falta de inversión y problemas de abastecimiento.
Las modificaciones introducidas el martes en el texto que recibió media sanción del Senado lograron salvar las diferencias que sobre la norma existían en el interior del bloque oficialista y sumaron el apoyo de algunos independientes, como Claudio Lozano. Los cambios fueron esencialmente tres. A pesar de que se mantiene la figura de Sociedad Anónima, la empresa, al igual que cualquier entidad del sector público nacional, estará bajo la órbita de la Sindicatura y la Auditoría General de la Nación. En segundo lugar, los procesos de asociación se harán en el marco de “la transparencia y la competencia” de la Ley de Hidrocarburos. Este punto se introdujo a fin de evitar la posibilidad jurídica de la adjudicación directa de áreas de concesión. La tercera modificación es la garantía de que el Estado mantendrá siempre al menos el 51 por ciento de las acciones.
Los cambios no alcanzaron para conseguir el consenso del ARI y el radicalismo. En el caso de la fuerza orientada por Elisa Carrió, en línea con el socialismo, la oposición estuvo motivada esencialmente por la nueva “figura jurídica”. El diputado Juan Carlos Godoy, de Nuevo Encuentro Entrerriano, integrante del Interbloque del ARI, fundamentó su oposición en las limitaciones del nuevo instrumento jurídico. Según dijo a este diario, se trata de “un verdadero engendro que no existe en la ley de sociedades comerciales 19.550”. Una posición similar expresó el titular del bloque radical, Horacio Pernasetti, quien dijo a Página/12 que el rechazo de su fuerza era en “desacuerdo total” con el proyecto oficial.
Claudio Lozano sostuvo que, si bien queda mucho por hacer en materia de política energética, la creación de la empresa testigo con garantías mínimas sobre su propiedad estatal y control público significaba “un cambio en la voluntad política del gobierno”. A su juicio, los cambios también permitirán acuerdos estratégicos regionales, por ejemplo con Pdvsa en Petrosur. “Luego de los cambios me hubiese resultado muy difícil terminar votando en contra junto con (el demócrata progresista Alberto) Natale”, sintetizó, destacando la cerrada oposición de todas las fuerzas de derecha a la creación de una firma controlada por el Estado.
Consultado por Página/12 acerca de las funciones y posibilidades de Enarsa, uno de sus futuros directores, Aldo Ferrer, explicó que no era necesario un gran aporte del Estado para que la empresa comience a funcionar. Para el economista, “la propia naturaleza del sector” determina que el grueso del financiamiento provenga “del sector financiero y de alianzas con otras empresas”. Lo que realmente valdrá de Enarsa será su capacidad de “ejercer la titularidad de los permisos de exploración” y también su “poder concedente” de las áreas de exploración remanentes.
La empresa estará habilitada a participar desde la generación a la comercialización eléctrica y desde el estudio y exploración hasta la exportación de hidrocarburos. Para ello dispondrá inicialmente de todas las áreas que no se encuentran actualmente concesionadas, las que se reducen a las conocidas como off-shore, es decir las grandes plataformas marítimas hasta las 200 millas, pero que podrían engrosarse con la caída de algunas de las actuales concesiones. Sin embargo, esto último presenta la limitación emergente del hecho que actualmente el subsuelo pertenece a las provincias. Este mismo hecho indica el largo camino que aún resta en materia de política energética. Entre los pendientes se destacan las modificaciones de los marcos regulatorios, de los entes de control y de la atomización de las jurisdicciones.
Ferrer señaló, no obstante, que la sola presencia de Enarsa servirá para provocar “un cambio de actitud” en todos los actores del mercado, así como evitar las típicas posiciones de abuso de posición dominante de “un puñado de oligopolios privados”. Al defender la creación de Enarsa, el titular de la Comisión de Energía, el justicialista Jesús Blanco, destacó que el proyecto contribuirá a “maximizar los esfuerzos de integración con los países vecinos”.