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Si es verdad el pronóstico de que el precio de la luz, el gas, el teléfono el peaje o el agua van a subir, siguiendo un dólar más caro, la apuesta del gobierno de Eduardo Duhalde será moderar todo lo posible esa escalada, desdolarizando las tarifas y ligándolas a los precios internos, mediante una negociación que promete ser complicada.
Antes de que la flamante gestión haya designado al interlocutor oficial, y, en rigor, antes de que haya precisado un criterio definitivo para resolver los detalles del tema, las empresas concesionarias, que no quieren la devaluación y cambiarán el abandono del uno a uno por nuevas ventajas, muestran como al descuido la empuñadura del puñal. Funcionarios y legisladores afirmaban anoche que las amenazas veladas van desde disminuir drásticamente la calidad del servicio, resignando inversiones, hasta llevar al Estado ante los tribunales por alterar las reglas de juego unilateralmente.
“Las prestadoras de servicios públicos ya no podrán sostener su negocio sobre la base que éste fue concebido: tarifas en dólares (pero expresadas en pesos) y ajustes en base a la inflación estadounidense”, dijo a este diario uno de los nuevos funcionarios, que pidió reserva de su nombre y obviamente integra el pelotón de los más duros frente a las privatizadas.
La intención del justicialismo es desenganchar las tarifas de la divisa norteamericana para evitar que éstas traduzcan íntegramente el salto que pueda dar el dólar por el abandono de la convertibilidad. Pero tampoco servirá el PPI norteamericano, que en este tiempo justificaba subas en el precio de los servicios públicos cuando la Argentina estaba en plena deflación. Después del 1 a 1, la idea es ligar las facturas de estos servicios al destino de los precios domésticos, que podrían subir.
Lo que aún no está totalmente definido es cómo pesificar las tarifas.
La variante con más consenso dentro de los técnicos justicialistas consiste en congelar al valor actual el precio de los servicios públicos por un mínimo de 60 días y, luego, admitir la indexación periódica en base a un índice combinado de precios, que también traduciría el impacto de la devaluación. Otra alternativa barajada ayer consistía en ajustar el precio de los servicios públicos en función del nuevo tipo de cambio, primero, y luego congelarlos.
Pero lo que nunca debería ocurrir, según las especulaciones duhaldistas, es que las tarifas aumenten tanto como se devalúe el peso. En otros términos, las empresas deberían resignar una porción de su renta, más generosa o modesta según de quien se trate: no es igual la suerte de las empresas de telefonía que el destino de las eléctricas o gasíferas.
Más allá de este eventual recorte de la renta privada, el sólo hecho de desdolarizar pone en guardia a las prestadoras, que admiten imposible subir en un solo momento las tarifas tanto cuanto salte el dólar. “Nuestro negocio existe mientras haya usuarios que puedan pagar el servicio”, simplificaba ante este diario una de las prestadoras involucradas en los inminentes cambios. Por esa razón la devaluación genera un escenario complicado, del que probablemente su negocio no salga indemne.
“Nuestros contratos están avalados por normas de carácter internacional, con garantía constitucional, siempre de jerarquía superior a la de cualquier norma que disponga un cambio en las reglas de juego”, comentan en Telecom, sugiriendo la posibilidad de acudir a la Justicia, acusando al por anticipado al Estado argentino de vulnerar la seguridad jurídica. “En el mejor de los casos tendremos que suspender inversiones y disminuir la calidad del servicio”, amenaza una distribuidora eléctrica.
Lo que dicen anhelar las empresas es que se las invite a negociar y no se les impongan nuevas reglas “como un hecho consumado”, en palabras de un gerente, ya que ninguna considera en realidad la posibilidad de abandonar un negocio que aun con tarifas más modestas en dólares seguiría resultando interesante. En esa negociación se proponen decirle al Gobierno que tienenmuchos insumos importados y, en algunos casos, importantes deudas en dólares con entidades locales y del exterior, así como una grilla de empleados que puede seguir decreciendo.
Los técnicos ligados al oficialismo con competencia en el tema admiten que hay que analizar caso por caso, ya que tanto las rentabilidades como el ritmo de inversiones es bastante diferente según el servicio. La intención es diferenciar a las empresas antes de autorizar una suba tarifaria que podría discriminar a las buenas de las no tanto. Para ello podría tomarse en cuenta si están dispuestas a remesar utilidades por un tiempo o no; si prevén desarrollar un plan de proveedores y cuál fue la rentabilidad real de su negocio hasta el momento.
Aún no hay funcionarios designados en el área específica. Tampoco está claro si sobrevivirá Infraestructura, y en tal caso con qué rango. En los últimos dos años el área tuvo competencia directa en la mayor parte de los sensibles temas tarifarios y de polémicas privatizaciones.
Por lo menos de aquí al domingo, cuando sea inminente la reapertura del mercado cambiario, recrudecerán las presiones y las discusiones internas dentro del Gobierno.