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A pesar de la multa de 2 millones de pesos que recibió Aguas Argentinas por los problemas de suministro de principios de mes, los cortes y la falta de presión siguen afectando a miles de usuarios del conurbano bonaerense. Asociaciones vecinales de Tigre y Esteban Echeverría denunciaron la situación y exigieron una solución inmediata. El director general de la empresa, Bertrand Camus, accedió a atenderlos hoy mismo, consciente de lo inoportuno de mostrar deficiencias en el servicio en momentos definitorios de la negociación con el Gobierno. Con respecto a esa pulseada, una fuente oficial la describió como “una pelea de Titanes en el Ring, en la que parece que se van a sacar los ojos, pero todo es parte de una simulación”.
Las amenazas cruzadas de rescisión del contrato son intentos de mostrar dureza para conseguir algo más en la negociación. Desde el Gobierno aseguran que la empresa terminará cediendo, porque “lleva las de perder” y la propuesta que recibió “es razonable”. En las últimas conversaciones con la compañía, el Poder Ejecutivo accedió a concederle las tareas de rehabilitación y renovación de la red de agua potable y cloacas en la Capital Federal, lo cual constituye un negocio interesante. La Casa Rosada está dispuesta a buscar un acuerdo, pero advierte que su flexibilidad tiene un límite y que, llegado el caso, existen elementos suficientes como para dar de baja la concesión.
Uno de ellos es la suspensión del servicio sin causas justificadas por más tiempo del que admite el contrato. Los abogados del Gobierno afirman que el Estado argentino lo puede probar ante cualquier tribunal y que no correría riesgos de ser penalizado con reparaciones millonarias. Vecinos de los barrios El Talar y Pacheco, del partido de Tigre, y San Sebastián, de Esteban Echeverría, denunciaron que la empresa no cumple con la provisión de agua o lo hace con problemas de presión desde hace semanas. Hay unos 30 mil afectados en el primer caso, y unos 3 mil en el segundo. Camus, máximo responsable de Aguas en la parte operativa, recibirá hoy a un grupo de vecinos y pasado mañana a otro. Los acompañará la asociación de defensa de los usuarios Deuco, que hizo un relevamiento de las zonas que siguen padeciendo dificultades con el servicio.
Otro motivo que exhibe el Gobierno para expulsar a Aguas si rechaza el acuerdo propuesto son sus incumplimientos en las metas de inversión. Además de sus antecedentes de los últimos años, la compañía está en falta en este mismo momento. En noviembre pasado debió haber presentado su plan de inversiones para este año, pero todavía no lo hizo. La empresa puede alegar que primero hay que cerrar la negociación del nuevo contrato, pero si el Ejecutivo quiere jugar fuerte, tiene armas para hacerlo.
El grupo Suez, controlante de Aguas, se niega a ceder el manejo de las inversiones. El esquema de concesión que le propone el Gobierno para los próximos 18 años la limita a operar el servicio, a las tareas de mantenimiento de la red y, como ya fue dicho, a su rehabilitación y renovación. Para financiar ese trabajo se quedaría con una parte de lo recaudado por facturación, de la que también saldría su rentabilidad. Otra parte de la tarifa, que podría discriminarse en las facturas de los usuarios como un cargo especial, se la quedaría el Estado. Ese dinero lo utilizaría para las inversiones de expansión de la red, con licitaciones administradas por un fideicomiso.
La Fundación Metropolitana preparó un informe que demuestra el grave déficit en la provisión del servicio en las zonas más pobres –y menos rentables– del área de concesión. En los partidos de Ezeiza, Ituzaingó, Tigre, Hurlingham, Almirante Brown y Esteban Echeverría hay entre un 50 y un 85 por ciento de habitantes sin agua potable y entre un 75 y un 100 por ciento sin cloacas. En la Capital Federal, el abastecimiento alcanza a toda la población en ambos servicios.