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El próximo viernes a partir de las 17, finalmente, Aníbal Ibarra concurrirá a la Legislatura a dar explicaciones tras la tragedia de República Cromañón. El anuncio fue hecho ayer por el propio jefe de Gobierno porteño en un brevísimo contacto con la prensa, en que precisó que dará un informe y contestará las preguntas que le hagan los legisladores. Además, planteará la necesidad de modificar algunas normativas vigentes como el Código de Edificaciones y de Habilitaciones. La sesión se hará con la presencia de periodistas. Lo que aún no está definido es si se permitirá el acceso al público. Poco después del anuncio, se supo que la jueza María Angélica Crotto dispuso la inhibición de bienes de Ibarra por si eventualmente debe responder con sus propiedades en un juicio civil (ver aparte).
El gobierno porteño no quiere que haya familiares de las víctimas en las gradas, para evitar que la reunión derive en una confrontación directa con los padres que han perdido a sus hijos en el incendio, lo que lo pondría inevitablemente en una situación de debilidad. Esta cuestión la decidirán mañana los presidentes de los bloques. Sin embargo, el vicepresidente primero del cuerpo, el macrista Santiago De Estrada, adelantó a este diario que “la idea es que haya público, aunque por una cuestión de capacidad no podrán ingresar más de 120 personas”.
Ibarra firmó ayer el decreto de convocatoria a la sesión extraordinaria en la que se prestará a una virtual interpelación del cuerpo legislativo. “Por supuesto con la presencia de los medios en el lugar, para la cobertura que corresponda. El objetivo de esta convocatoria es dar todos los informes necesarios y responder a las preguntas de los legisladores”, sostuvo Ibarra al hacer el anuncio.
El jefe de Gobierno irá al recinto acompañado por todo su gabinete, al que podrá consultar a la hora de dar precisiones. La presencia o no de familiares de las víctimas será determinante para marcar el clima de la reunión. “Nuestro planteo es que se debe respetar el orden, la tranquilidad, a los efectos de poder tener una información de parte del gobierno y responder preguntas de diputados con racionalidad”, señaló el secretario de Gobierno, Raúl Fernández, para fundamentar la posición en contra de que la sesión sea abierta al público. Fernández señaló que sugerirá a las autoridades de la Legislatura la instalación de un par de pantallas gigantes en los alrededores del edificio para que quienes quieran puedan seguir la sesión desde la calle.
El tema será debatido y consensuado mañana por los jefes de bancadas, en la reunión de labor parlamentaria. Si se acuerda la presencia de familiares –la postura que adelantó que defenderá De Estrada–, el segundo punto será definir cómo se seleccionará quién puede entrar. En las gradas no hay lugar para más de 120 invitados. Ante el tratamiento de otros temas calientes –como la frustrada ley de educación sexual–, se dispuso que cada legislador invitara a dos personas. Esa podría ser una alternativa, indicó De Estrada a Página/12. El diputado aclaró que el operativo de seguridad en torno de la Legislatura para ese día correrá por cuenta de la Policía Federal.
El otro punto a resolver entre los bloques es en qué orden se harán las preguntas, es decir, quién preguntará a continuación de que Ibarra haga su exposición. Y cómo seguirá el ordenamiento. “Todos podrán preguntar y no habrá límite de tiempo para la sesión. Es factible que, siendo que comenzará a las 17, lleguemos a la madrugada”, señaló De Estrada, quien dijo recibir con beneplácito la decisión de Ibarra de presentarse a la Legislatura, después de que esquivara el 7 de enero una interpelación reclamada por la oposición macrista y de sectores de la izquierda. En esa oportunidad, la oposición quedó a sólo tres votos de obligarlo a dar la cara en el recinto.
“Queremos que esto sirva para adelante, que podamos explicar y dar las respuestas que el gobierno tiene sobre los hechos ocurridos y plantear también los lineamientos que creemos que deben modificarse en cuanto a normativas y procedimientos en las normas que rigen en la ciudad de Buenos Aires”, indicó el secretario de Gobierno, Raúl Fernández, después de que Ibarra, en una conferencia de prensa que duró menos de dos minutos y con gesto adusto anunciara la convocatoria a la sesión extraordinaria. Para responder preguntas, el jefe de Gobierno dejó a Fernández, quien detalló por qué irá este viernes al recinto, luego de resistirse a una interpelación dos semanas atrás. “Siempre hemos planteado que íbamos a concurrir a la Legislatura a dar las explicaciones correspondientes”, pero “creíamos que la gravedad y la importancia que tenía esta concurrencia al recinto debía ser tomada como tal y no generando hechos de rédito político mezquino”, sostuvo el secretario de Gobierno y agregó: “Creemos que es el momento oportuno para dar las explicaciones”.
Ibarra ya conoce al menos las 55 preguntas que le quiere hacer el bloque de Compromiso para el Cambio, que están plasmadas en un proyecto presentado por el macrismo en la Legislatura. El gobierno porteño tratará de mostrar que la tragedia no se desencadenó por “un tema de corrupción”, es decir, por una “habilitación trucha” dada por inspectores porteños, sino a raíz de la brutal decisión de Omar Chabán, dueño del local, de mantener bloqueadas las salidas de emergencia. Según pudo saber este diario, el jefe de Gobierno argumentará que el boliche estaba “perfectamente habilitado” de acuerdo a las normativas vigentes y que –en todo caso– lo que dejó en evidencia la tragedia es que deben modificarse los códigos de Edificaciones y de Habilitaciones que determinan las exigencias para ese tipo de locales.
Según la información que manejan en el gobierno porteño, de la causa judicial surgiría que República Cromañón tenía matafuegos cargados, luces de emergencia en perfecto estado (que incluso se habrían prendido la noche del 30 de diciembre pero no se habrían visto por el humo), mangueras y hasta detectores de humo.
Tanto el Código de Edificaciones como el de Habilitaciones no se actualizarían desde hace más de 30 años. De esta forma, Ibarra planteará, entre otros cambios a esas normas, que no se autoricen más recitales en boliches cerrados y que sea menor la cantidad de personas que se permita ingresar por metro cuadrado.