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La Comisión de Legislación General del Senado tiene previsto discutir hoy un proyecto de ley considerado esencial por el Poder Ejecutivo: el que limita la competencia de tribunales extranjeros para dirimir controversias contractuales con las privatizadas. La norma establece que “serán inoponibles a la República Argentina aquellos laudos arbitrales que no puedan ser recurridos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. La iniciativa fue presentada para resistir la presión que ejercen las empresas de servicios públicos a través del Ciadi, un tribunal internacional manejado por el Banco Mundial al que acudieron las compañías para reclamar contra el Estado por pesificar sus tarifas.
El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, dejó en claro la semana pasada que el Gobierno no acatará automáticamente los laudos del Ciadi, sino que un eventual fallo contrario a la Argentina será apelado ante la Corte Suprema. El objetivo es desactivar, al menos por un tiempo, la principal herramienta de presión de las privatizadas. El proyecto que discutirán hoy los senadores fue presentado por la duhaldista Mabel Müller. En uno de sus artículos dispone que el Poder Ejecutivo debe denunciar en un plazo de treinta días luego de la sanción de la ley “todos aquellos tratados internacionales de promoción y protección recíproca (de inversiones) que en forma recurrente fueron invocados por las empresas privatizadas para iniciar sus reclamos en el extranjero”.
Esta iniciativa se complementa con otra, más dura, que bloquea cualquier aumento de tarifas y de renegociación de contratos con aquellas empresas que mantengan abiertas sus demandas ante el Ciadi. El Gobierno plantea lo mismo en sus discusiones con las empresas, aunque la ley le daría mayor sustento para imponer su posición.
Las provincias intentan la misma estrategia. El gobierno de Jujuy, al mando de Eduardo Fellner, anunció que está buscando que la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa) desista de su reclamo ante el Ciadi. La negociación es con la controlante de la empresa, la Compañía General de Electricidad de Chile. El ministro de Infraestructura provincial, César Macina, admitió que la renegociación del contrato con esa empresa incluye un aumento de tarifas. A cambio, la operadora deberá bajar su demanda internacional.
La misma empresa consiguió que el Ciadi el 15 de noviembre pasado aceptara sus reclamos contra Jujuy, San Juan y Tucumán, adonde también presta servicios.
Por otra parte, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, reclamará hoy en las Naciones Unidas que en las controversias sobre servicios públicos que trate el Ciadi “sean convocadas las instituciones nacionales de derechos humanos, como defensores del Pueblo, procuradores y ombudsman”. Mondino está participando en Ginebra, Suiza, de las deliberaciones de la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.