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Tras la devaluación, el precio de los bienes y servicios públicos va a subir, aunque en una magnitud que aún no puede precisarse. La única herramienta de la que dispone hoy el Gobierno para frenar la estampida inflacionaria que ya se esboza es una firme negociación con grandes proveedores y concesionarios. Aunque el proyecto de ley enviado ayer al Congreso contempla expresamente la posibilidad de instrumentar regulaciones de precios, el Estado no dispone actualmente del andamiaje legal ni operativo para disciplinar a quienes usen compulsivamente la remarcadora.
Ayer el presidente Eduardo Duhalde se reunió con supermercadistas y empresarios de la alimentación para adelantarles los grandes rasgos del plan económico y, básicamente, pedirles que contengan la suba de precios que comenzó a tener lugar en los últimos días. El resultado fue modesto: las empresas se comprometieron a no llevar a las góndolas “más allá del impacto real” que la devaluación tenga en los costos. Una promesa por cierto bastante imprecisa.
Por la mañana, Fabio Fabbri, gerente de Relaciones Institucionales de Carrefour, intentó deslindar responsabilidades por las remarcaciones que los grandes atribuyen a los comercios más chicos y por las que éstos señalan a los grandes formadores de precios o proveedores. “Sólo hubo alguna corrección de precios en productos importados, que representan el apenas el 3 por ciento de nuestro stock”, aseguró el vocero de una de las cadenas más poderosas del país.
El joven jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, tuvo la tarea de encarar una ronda de negociaciones con los laboratorios nacionales y hoy planea hacer lo propio con los extranjeros. El resultado, según aseguró él mismo, fue un compromiso de contener los precios y garantizar el normal abastecimiento, aunque no está claro el alcance real de ese compromiso.
Sin embargo, la remarcación es una realidad tan indiscutible como que una devaluación empujará hacia arriba muchos precios, con argumentos más o menos sólidos, según los casos, o por puro afán especulativo. Industrias como la automotriz dependen en alrededor del 80 por ciento de las importaciones, del mismo modo que muchas químicas. El campo tiene insumos que se importan y su producción, al ser exportable, se encarece internamente en la misma medida que le resulte más rentable vender a otros países. En muchos casos, las subas están técnicamente justificadas, total o parcialmente.
Pero igualmente cierto es que no siempre responden a la necesidad de reponer productos más caros o a un encarecimiento real de los insumos que, en cada caso, tienen una ponderación diferente: nada justifica que el precio final de un bien aumente alrededor de un 40 por ciento, si sólo tiene uno insumo importado que representa una pequeña porción en su estructura de costos.
Para bajar la fiebre remarcadora o corregir desbordes aislados el gobierno no tiene otra arma que la negociación sector por sector, ya que después de una década de precios libres no hay ni normas específicas ni personal para instrumentar controles, por ejemplo, de precios máximos. “El Estado desmanteló la estructura fiscalizadora que existió en algún momento”, admitió anoche Capitanich durante un reportaje en el programa televisivo “La Cornisa”. Por esto, todo depende de acuerdos sectoriales, a semejanza de los que se hicieron a comienzos de la Convertibilidad para lograr la estabilidad de precios.
Algo semejante ocurre con las tarifas de servicios públicos. La intención oficial es, en principio, desdolarizarlas y eliminar el índice de precios de los Estados Unidos como factor de indexación. Las tarifas –en su mayoría fijadas en dólares, aunque expresados en moneda local– quedarían provisoriamente fijas en pesos, mientras las empresas y el Gobierno discuten una nueva fórmula de ajuste.
El proyecto de ley que el Ejecutivo envió ayer al Parlamento da algunas pautas acerca de qué se pondrá sobre la mesa de negociación para encontrar una nueva fórmula que permita periódicamente aumentar el precio de estos servicios, que podrían quedar algo rezagados respecto al dólar pero nunca mantenerse sin cambios indefinidamente. Según la propuesta legislativa, los negociadores oficiales considerarán desde el impacto del precio de los servicios en la competitividad de la economía a la rentabilidad que hubieran obtenido las adjudicatarias.
Es obvio que también en el caso de las privatizadas el análisis será contrato por contrato. Salvo las tarifas del gas, que en los propios pliegos licitatorios fueron fijadas en dólares, las otras se ataron a la divisa norteamericana a posteriori. Por esto, la desdolarización involucra a casi todas las prestaciones, salvo alguna excepción como la de los trenes urbanos.
Rodolfo Gabrielli, actual ministro del Interior, aseguró ayer que el tratamiento de las telefónicas será especial, ya que el precio de este servicio no está dolarizado. Pero si bien es cierto que en 1990 cuando se privatizó Entel las tarifas de telefonía fija fueron expresadas en pesos, el decreto 2585 de 1991 dolarizó el valor del pulso telefónico.