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En principio, la conducción del bloque de diputados justicialistas pensaba y anunciaba que estaba todo listo para aprobar el proyecto de ley que marca –entre otros puntos– el fin de la Convertibilidad. Pero no era tan así. Las presiones externas comenzaron –como reconoció un veterano legislador– a “desmadrar el río”. A la mañana, el propio Eduardo Duhalde había anticipado a diputados y senadores que estaba siendo “amenazado” por sectores de poder para frenar el proyecto y señaló fundamentalmente al gobierno español. Durante la tarde, esa presión se hizo más notoria. El menemismo fue el sector más activo, que se fortaleció ante la actitud de algunos gobernadores justicialistas, quienes no bajaron una clara directiva a sus legisladores para acompañar la iniciativa. Esto provocó que la sesión prevista para las nueve de la noche se postergara para hoy al mediodía. El argumento utilizado fue darle más precisiones al proyecto que anoche se había transformado en un simple borrador.
Los legisladores justicialistas estaban al tanto de las presiones, pero pensaban que con el acompañamiento de los radicales les alcanzaba para imponer un proyecto que generaba oposición en el resto de los bloques. Pero cuando vieron que los lobbies externos e internos estaban ganando terreno, prefirieron postergar el debate.
Los primeros en advertir su oposición a la devaluación fueron los provinciales. Alberto Natale, quien hace las veces de portavoz del interbloque federal, aseguró que no estaban dispuestos a apoyar un proyecto que generaría “una incontable serie de problemas a la población”.
El Frepaso y el ARI no hacían grandes objeciones a las medidas que proponía el borrador de proyecto. Sobre todo, a aquellas que daban protección a los ahorristas y deudores y a la desdolarización de las tarifas de los servicios públicos privatizados. Pero rechazaban con fuerza el artículo uno de la norma que, en términos muy generales, le delega nuevamente poderes al Ejecutivo. El propio Duhalde se comunicó con Elisa Carrió para pedirle que vote el proyecto. La líder del ARI le aseguró que “mientras se les quiten los privilegios a los sectores financieros y las privatizadas no había problemas”, pero le aclaró que “jamás votaremos una delegación de poderes”.
Más allá de estas objeciones –mínimas al fin de cuentas por el peso relativo que estas fuerzas tienen cuando el PJ y la UCR acuerdan correr juntas–, el problema real del Gobierno residía en el propio seno de los bloques de senadores y diputados, blanco elegido por los lobbies.
El menemismo, que durante el encuentro de las bancadas con Duhalde mantuvo un estratégico silencio, comenzó a operar con fuerza con el resto de sus compañeros. Según un diputado, la fuerza del menemismo se vio acrecentada ante la falta de directivas de los gobernadores, que “no están moviendo un dedo para apoyar el gobierno del puerto”, como definen a la administración duhaldista. Fuentes parlamentarias señalaron que los mandatarios que menos hacen por bajar línea son los de Córdoba, Santa Fe y los patagónicos de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De todas formas, el titular de la bancada del PJ, Humberto Roggero, buscó eliminar suspicacias y sospechas. Anoche, cuando ya se había postergado la sesión, llamó a Duhalde para decirle que “si hay que ponerle el pecho a la presión de las privatizadas, cuente con nosotros”. Pero sonó más a una expresión de deseo. El duhaldista José María Díaz Bancalari también intentó mostrar firmeza al asegurar que el Congreso se encontraba de “guardia pasiva” y que se podía llegar a sesionar a medianoche. El sabía que era imposible, poco antes de las 22 el Congreso ya estaba desierto.
Otro sector de legisladores del PJ donde caló hondo la prédica lobbysta es el de los que no tienen gobierno justicialista en sus provincias.“Ellos se manejan con más libertad”, dijeron en el bloque con marcado tono piadoso.
Se sabía que el tratamiento de la norma iba a ser complicado. Sobre todo después de la advertencia de Duhalde. El Presidente abrió su exposición en Olivos –frente a unos 250 legisladores– diciendo que era víctima de “amenazas”. En un principio no quiso identificar el origen de esas presiones, pero luego reconoció que había recibido llamadas del presidente del gobierno español, José María Aznar.
Durante esa reunión, el Presidente realizó una breve síntesis de los orígenes de la crisis y del fin del modelo actual. Hizo hincapié en la defensa de los intereses nacionales y de la comunidad productiva, pero no abundó en detalles. De todas formas lanzó algunos conceptos que varios legisladores consideraron importantes: “Si en los noventa se privilegió la alianza con los sectores financieros, ahora debemos defender los interese nacionales”, dijo antes del furioso aplauso.
A su turno, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, deglosó los principales puntos del proyecto en cuestión. Lo hizo con un detalle que nadie se atrevió a reclamar: habló todo el tiempo sin que hubiera una sola copia del proyecto entre los diputados y senadores. Anunció que la modificación de la política cambiaria era imprescindible, y para ello había dos caminos: dolarizar o devaluar. Sobre la primera opción dijo que no encontraba ningún beneficio, concepto que hizo fruncir el ceño a mas de un menemista. En cuanto a la devaluación, Remes se inclinó por el cambio fijo y, si bien la letra del proyecto remitido al Parlamento nada dice sobre cual será el porcentaje, el ministro dijo que rondaría entre el 35 y 40 por ciento. Reconoció que esta medida generará incremento de precios, pero advirtió que no superaría el techo de la devaluación “porque estamos en un escenario de depresión y recesión económica”. Una afirmación que para muchos sonó más a un deseo del funcionario que un dato de la realidad. Remes no fue tan gráfico como Duhalde, y deslizó que las medidas generarían enojo en las empresas privatizadas que se opondrán a una política de control de precios que planean aplicar, sobre todo en aquellas que son monopólicas y oligopólicas.
Cuando terminó el encuentro, que incluyó una serie de encendidos discursos por parte de legisladores bonaerenses con loas a la gestión duhaldista, los presentes recibieron la copia del proyecto. Recién ahí se dieron cuenta que el tema social no estaba incluido en la norma. “Esto es para frenar los cacerolas y de los sectores más desprotegidos no dicen nada”, dijo en voz baja Saúl Ubaldini mientras regresaba al Congreso.