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Sin consenso previo en el seno de su propio partido, el gobierno justicialista envió al Congreso el anteproyecto de ley que pretende cerrar un capítulo de la historia económica de la Argentina, el de la Convertibilidad, y establecer las reglas de una dolorosa transición. El o los anteproyectos –puesto que anoche ya se había enviado una segunda versión al Palacio Legislativo, que tampoco sería la definitiva– no establecen el nuevo nivel del tipo de cambio, ya que reclama la facultad para el Ejecutivo para establecer el sistema cambiario y dictar las regulaciones en esa área. Tampoco fija el tratamiento que tendrán los depósitos y créditos bancarios, pero abre el camino, por delegación de facultades, para proceder a extender el plazo de devolución de los ahorros –atrapados en el corralito– y para pesificar los créditos. En cambio, el proyecto es más explícito en materia de tarifas de servicios públicos, saldos y consumos de tarjetas de crédito o débito y los contratos entre particulares (como alquileres o pago en cuotas a un comercio): todos pasarían a ser nominados en pesos, al cambio de uno a uno, y en tal moneda deberán cancelarse. Esto, siempre que el proyecto se convierta en ley. Algo que, anoche, en el medio de tironeos en la Cámara de Diputados y las “preocupaciones” que por distintos medios “transmitían” a los legisladores empresas concesionarias y bancos, parecía una tarea nada sencilla.
Domingo Cavallo no sólo será recordado por la desocupación, la recesión y los cacerolazos con los cuales dejó el cargo. Su presencia trascendió hasta su duración en el cargo. Fuera del Ministerio de Economía, el doble corset que dejó sobre la economía argentina, la convertibilidad monetaria y el corralito a los depósitos, sigue amenazando la estabilidad de cada gobierno que asume. El gobierno de Eduardo Duhalde eligió, sin consenso previo, el camino de dar a conocer un resumen de sus intenciones el jueves por la noche –pesificación de créditos menores a 100 mil dólares, de contratos privados y de tarifas, devolución de depósitos en su moneda de origen y precios máximos para productos críticos y mercados monopólicos– y pedir ayer las facultades al Congreso para ponerlas en práctica. Buscaba así canalizar la bronca de la gente, enfrentándolos a los grandes grupos económicos y financieros con los que debería confrontar el gobierno para imponer aquellas normas.
Durante toda la jornada, Duhalde y parte de su gabinete se reunió con empresarios, sindicalistas y legisladores, mostrando que el perfil de las medidas a aplicar, pese a la devaluación del 25 al 30 por ciento –colocando el dólar a 1,35 ó 1,40 pesos–, iban en favor de la gente y de la recuperación del aparato productivo del país. El desfile de los principales actores económicos por Olivos se coronó con un discurso público del Presidente anunciando una alianza con los sectores productivos, en detrimento de la anterior alianza del gobierno con el poder financiero. A la noche, se vio que toda la jugada había sido insuficiente, al menos, para cerrar rápidamente y poder sentarse a negociar durante el fin de semana frente a los grupos económicos, nuevas reglas para depósitos, créditos y tarifas. Las desavenencias en su propio bloque, con alguna incidencia probablemente de los lobbies empresarios, le jugaron una mala pasada a Duhalde. La puja con los grupos económicos se desató antes de tiempo.
Sin avanzar en políticas sociales ni de generación de empleo, el anteproyecto enviado al Congreso goza sin embargo de un tinte “popular”, en cuanto abarca algunos de los aspectos más sensibles para la población frente a las consecuencias posibles de la devaluación: el encarecimiento de los créditos, saldos en tarjetas, alquileres y tarifas públicas. En función de la “emergencia pública”, declara la suspensión de actualizaciones monetarias o indexación de precios en general, y en cuanto a los servicios públicos específicamente, dispone que “quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países; los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas quedan establecidos en pesos, a la relación de cambio un peso igual un dólar estadounidense”.
Similar cambio de condiciones se impone a los contratos entre particulares, que también se transforman a pesos pre-devaluación. Otro tanto ocurrirá con los saldos en tarjetas de crédito y los consumos realizados en el país. En cuanto a las deudas con el sistema financiero, mientras que el Gobierno había anticipado el jueves la intención de pesificar los de monto inferior a los 100 mil dólares, anoche este tema era producto de una encarnizada pelea entre banqueros y funcionarios. De hecho, el segundo anteproyecto no incluyó una alusión de la primera versión a privilegiar a los deudores “de menor cuantía”.
Fruto de las presiones y el intento por conformar a algunos sectores del bloque oficialista, la segunda versión del proyecto también incluyó una cláusula por la cual se suspende por 180 días “los despidos sin causa justificada”. Y por otra, queda establecido el “per saltum” o injerencia directa de la Corte en relación a controversias suscitadas en torno a estas normas. Por el contrario, una mención en el primer proyecto a la aplicación de retenciones a la exportación de hidrocarburos, para generar un fondo que ayudara a salvar la situación de deudores del sistema financiero tras la devaluación, “se cayó” en la segunda versión.
Algunos legisladores le objetaron a Duhalde el pedido de facultades extraordinarias por dos años, lapso durante el cual no sólo quedaría habilitado a disponer sobre la política cambiaria, sino también a renegociar los contratos con las concesionarias de servicios públicos y establecer normas que afectan a la devolución de depósitos y cobro de créditos a los bancos. Pero estas disidencias habrían partido de quienes no comparten la estrategia de confrontación del Ejecutivo con los grupos.
La debilidad del Gobierno en esta instancia pudo verificarse ya durante la jornada del jueves, cuando los cuestionamientos y una que otra amenaza hasta hicieron pensar en que el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, no llegaría a cumplir 24 horas en el cargo. Ayer el Gobierno intentó dar otro paso, apurando la aprobación en Diputados de su anteproyecto. No lo logró, y ahora deberá esperar hasta el mediodía de hoy para ver qué sucede en un nuevo intento de sesión. Mientras tanto, los lobbies operan. La batalla para ver quién paga la devaluación sigue abierta.