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“El oficial de Justicia contará con el auxilio de un cerrajero si fuera menester”, ordena el juez Hugo Echarri, al disponer la apertura de cuatro cajas de seguridad bancarias, pertenecientes a otros tantos deudores impositivos de la provincia de Buenos Aires. Su fallo es inédito: es la primera vez que un tribunal autoriza al fisco a cobrarse sus deudas por esa vía. La medida había sido reclamada por la Subsecretaría de Ingresos Públicos bonaerense. Su titular, Santiago Montoya, celebró la noticia. “Las cajas de seguridad ya no son tan seguras si uno tiene deudas con la provincia. El fallo demuestra que embargar las cajas no es ilegal como muchos decían y sienta un antecedente importante”, exclamó el funcionario. Otras 200 cajas ya fueron bloqueadas –aunque todavía no abiertas– y jueces de toda la provincia tienen que resolver pedidos del gobierno para trabar otras 500.
La determinación del juez Echarri, del fuero contencioso administrativo de la ciudad de Mercedes, causó gran revuelo. Banqueros, especialistas en derecho constitucional, funcionarios y propietarios de cajas de seguridad se trenzaron en un debate sobre la legalidad de la medida. La polémica creció, además, porque ayer mismo se conoció otro fallo en sentido contrario: un tribunal del mismo fuero, pero de La Plata, rechazó el embargo de una caja bancaria de un deudor impositivo reclamada por el fisco provincial. “Su apertura compulsiva puede comprometer o afectar el derecho de privacidad e intimidad de las personas”, fundamentó el juez platense Luis Federico Arias.
En ambos casos habrá apelaciones. Los cuatro morosos afectados por el embargo de sus cajas y el gobierno provincial, en relación con este último fallo, insistirán con sus peticiones. “El fallo de Echarri modificó sustancialmente el tablero”, valoró Montoya. “Hasta ahora –completó–, la Justicia sólo autorizaba abrir cajas de seguridad para resolver juicios de familia, de sociedades o ante investigaciones de la AFIP por contrabando o maniobras ilegales como emisión de facturas apócrifas.”
Los casos resueltos por el juez de Mercedes son por atrasos en el pago del impuesto a los Ingresos Brutos. La deuda mayor es por 109.675 pesos. Las otras ascienden a 82.903, 19.351 y 10.792 pesos. El juez aclaró que dispuso medidas cautelares, por lo que los bienes embargados deberán permanecer inmovilizados en una cuenta de la Justicia en el Banco Provincia –si fuera dinero en efectivo– o bajo custodia de Ingresos Públicos –en caso de otros bienes–, pero el fisco no podrá apropiarse de ellos hasta que la Justicia dicte un fallo definitivo. Los morosos son un abogado, un comerciante de artículos de bazar, el dueño de una inmobiliaria y la propietaria de un locutorio.
Montoya precisó a Página/12 que uno de los embargados recibió 60 avisos de deuda en dos años. Es propietario de dos inmuebles y dos autos, de los que debe los impuestos correspondientes. Uno de los vehículos es un BMW modelo 2000. La provincia ya le había iniciado un juicio por sus incumplimientos. En los otros casos se dan situaciones parecidas. Todos son dueños de varios inmuebles y autos, registran atrasos de larga data y cargan con juicios por esa situación.
Montoya recordó que en diciembre pasado la provincia inició una campaña masiva para exigir la regularización de 32.000 morosos y 3000 evasores, todos ellos de altos ingresos. Una de las acciones más polémicas y al mismo tiempo más amenazante fue advertir que se abrirían por la fuerza las cajas de seguridad de quienes no se pusieran al día, a fin de tomar de allí lo adeudado. Para lograrlo, Ingresos Públicos pidió información a los bancos para que precisaran si los incumplidores tenían cajas en sus sucursales. Las entidades financieras entregaron un listado con 14.000 nombres. Ingresos Públicos examinó los datos y llegó a la conclusión de que 700 de ellos merecen el embargo, debido a que sus otros bienes no alcanzan a cubrir la deuda reclamada. El gobierno provincial elevó su pedido a distintos tribunales en lo contenciosoadministrativo, según la radicación del moroso. Eso ocurrió el 21 de abril pasado. Desde entonces, 200 cajas quedaron inmovilizadas. Sus titulares no pueden sacar nada de ellas. Montoya advirtió que si se detecta que funcionarios bancarios permitieron extraer bienes una vez que la entidad había sido notificada del embargo, serán denunciados penalmente por “encubrimiento y entorpecimiento del accionar del Estado”.
La campaña de Ingresos Públicos determinó que 11.000 contribuyentes levantaran todos sus atrasos. Otros 12.000 pagaron una parte y con eso ganaron tiempo hasta el 20 de marzo pasado. Vencido ese plazo, 2700 contribuyentes que no hicieron el intento de regularizar su situación fueron enviados a juicio, mientras que los restantes siguen negociando. Finalmente, los otros 12.000 contribuyentes que nunca respondieron a las advertencias del gobierno también terminaron con sus casos en tribunales. En cuanto al fallo de Echarri, establece concretamente el “embargo preventivo de los bienes muebles contenidos en la caja de seguridad bancaria denunciada, limitándose la traba a aquellos necesarios para cubrir el crédito que se reclama y lo presupuestado para intereses y costas”. El magistrado dispuso que el oficial de justicia interviniente “realice un prolijo inventario (de las cajas de seguridad), no pudiendo recaer la medida sobre bienes inembargables y preservando el derecho a la privacidad de aquellos otros elementos que pudieren encontrarse guardados en la caja de seguridad, pero que resulten inconducentes como medios para asegurar el crédito reclamado”. Montoya resaltó el “cuidado” que tuvo el juez para preservar la privacidad de los embargados. Finalmente, dijo que “vamos a llegar al momento en que sea más barato pagar los impuestos que inventar maniobras para evadir”.