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¿Cuál es el colmo de ahorristas víctimas de un desfalco financiero? Ser nuevamente estafados con maniobras societarias de los ex dueños del banco, que impedirían la recuperación de parte de su dinero. ¿Cuál es el colmo de los colmos de esa situación? Padecer que esa eventual nueva defraudación sea liderada por integrantes del grupo que se quedó con el dinero de esos ahorristas desprevenidos. Y, ya por último, ¿cuál es el extremo de ese colmo? Que un juez comercial avale esa operatoria desconociendo lo actuado por un juez federal preocupado en cuidar los activos de la quiebra, de los cuales los ahorristas aspiran a rescatar algo de lo perdido. Y que, además, ese último magistrado sea recusado. Si esa medida tiene éxito, lo más probable es que la causa Banco Mayo ingrese en un cono de sombras, Rubén Beraja quede libre y él y sus socios puedan gozar del patrimonio construido con fondos desviados desde la mesa de dinero del banco. Ese peculiar recorrido ha sacudido en estos días la causa del Mayo. Y el objeto en disputa es el manejo de la empresa Newside, que tiene como principal activo la última joya inmobiliaria sin explotar del hipervalorado Puerto Madero: el extenso Dique 1.
La quiebra del Mayo resulta un interesante caso para estudiar de qué modo ahorristas que confiaron el dinero a banqueros son una y otra vez defraudados. Vale recordar un dato relevante de este fraude: parte de los fondos captados por las mesas de dinero irregulares del Banco Mayo se canalizó a través de la sociedad Newside para la compra de 19 hectáreas en el Dique 1. El más reciente capítulo de esa historia es el siguiente:
- Newside es la compañía manejada por el grupo de control del Banco Mayo, empresa que es un bocado apetecible de inversores y especuladores inmobiliarios por detentar en su patrimonio el Dique 1 de Puerto Madero, de un valor millonario en dólares.
- El juez federal Norberto Oyarbide decidió la intervención judicial de la sociedad, secuestró las acciones de los dueños y les prohibió innovar con las tierras. También exigió el diseño de un plan que saneara su importante pasivo con el Citi. Esa intervención se dispuso en septiembre de 2003, ampliando en marzo del año pasado esa disposición con desplazamiento de las autoridades de la firma.
- Esa gestión judicial logró poner en orden los pasivos de Newside, que se concentraba con la propia Corporación Antiguo Puerto Madero y el Citibank.
- Mediante una medida cautelar uno de los accionistas de Newside, Roberto Goldfarb (dueño del mayorista Diarco, deudor del Mayo e integrante del grupo que se benefició con los negocios inmobiliarios y otros del Banco Mayo) y la familia Ginevra (inmobiliaria Aranalfe, que detenta el 40 por ciento de la compañía) reclamaron asumir el control de la empresa.
- En septiembre del año pasado, Oyarbide estableció una coadministración con vencimiento a los cinco meses, generándose en ese período una pelea de poder entre Goldfarb y Ginevra, perdiendo el primero esa batalla. Oyarbide reconoció judicialmente la autoridad de Ginevra en Newside.
- Goldfarb, entonces, reclamó ser repuesto al frente de Newside, objetivo que consiguió por parte del juez nacional de primera instancia en lo Comercial Nº 8, Atilio Carlos González. En un escrito del 21 de abril pasado, Oyarbide señaló que desde entonces “se agravó la situación patrimonial” de Newside al incrementarse sus pasivos. Oyarbide se preguntó: “¿Qué persigue Goldfarb con todo esto?”.
El grupo de ahorristas estafados representado por el abogado Mateo Corvo Dolcet, e incluso Oyarbide en ese mencionado escrito, encuentran la siguiente respuesta a ese interrogante:
El Banco Macro Bansud ofreció comprar varias parcelas del Dique 1, y pagar por ellas un precio que permitiría a los ahorristas recuperar buena parte del dinero perdido, y cancelar otros pasivos. “Para impedir que ello ocurra, Goldfarb obtuvo en sede comercial una curiosa decisión. Curiosa porque, además de muchas irregularidades técnicas, no aparece defendiendosus derechos de socio, o los de la sociedad sino otros”, sostiene Corvo Dolcet. Y según Oyarbide, el motivo de ese comportamiento hay que buscarlo en que Saúl Zang es el abogado comercialista de Goldfarb, pero también vicepresidente de IRSA. Y el juez sospecha que IRSA pretende impedir un desarrollo en ese dique de Puerto Madero para evitar que compita con su propio desarrollo en la Ciudad Deportiva de La Boca, al ser lindero a esos terrenos. Además, el Citi es uno de los principales clientes del estudio Zang, Bergel & Viñes. De modo que así, ese estudio logró, mediante la decisión del juez comercial González, de quien Viñes fue durante años su secretario (tal como se desprende de su curriculum en la página web del estudio) que: 1) se frustre la operación de venta de tierras con el consiguiente perjuicio para los ahorristas damnificados y beneficio para los banqueros presos Beraja y Salomón Cheb Terrab, que así no pierden las tierras; 2) IRSA no obtiene competencia contra su desarrollo inmobiliario; y 3) El Citi sigue incrementando su crédito sobre una compañía con un tesoro inmobiliario.
Ante esa situación, Oyarbide decidió desplazar a las autoridades de la firma y avanzar en la intervención judicial, además de denunciar al juez González, Goldfarb y Zang. Entonces, Goldfarb lo recusó ante la Cámara Federal. Los ahorristas temen que si la Cámara avala ese pedido y la causa pasa a otro juez, que no conoce nada de los más de cien cuerpos del expediente, sería casi imposible elevar el caso Banco Mayo a juicio oral antes de octubre. Y si no es elevado a juicio, antes de ese mes, prescribirá la causa por administración fraudulenta para todos los imputados.