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Siempre hay una primera vez y la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) decidió que sea el próximo 20 de mayo: ese día los docentes realizarán el primer paro nacional desde que Néstor Kirchner llegó a la Casa de Gobierno. La huelga será en reclamo de la sanción de una ley de financiamiento educativo que asegure un piso de inversión equivalente al 6 por ciento del PBI y permita no sólo mejorar el sueldo de los maestros, sino también las condiciones en que se enseña a los chicos.
“Es necesario instalar esta discusión en el Congreso, la escuela y la calle. No se puede esperar un par de años más porque estamos perdiendo generaciones en términos educativos”, advirtió el secretario general del gremio, Hugo Yasky, al explicar a Página/12 las razones de la convocatoria al paro, que será coronado con una marcha al Congreso.
El ministro de Educación, Daniel Filmus, viene trabajando hace tiempo en la redacción de una ley de financiamiento educativo. El mismo Kirchner manifestó en su viaje a Alemania la necesidad de avanzar en el proyecto.
Yasky destacó la coincidencia entre el Gobierno y la Ctera en torno de que es necesario sancionar esa ley, pero dejó en claro que los docentes consideran que es hora de acelerar los tiempos y fijó también posición en cuanto a su contenido. “No queremos cualquier ley, sino una que garantice un piso y no un techo del 6 por ciento del PBI y que precise que esa meta debe ser alcanzada en tres años. Además, debe establecer taxativamente que los recursos tienen que destinarse a financiar la inversión por alumno y el salario docente, así como una cláusula de inviolabilidad de esos recursos y otra de transparencia en su asignación y distribución que contemple la participación de la comunidad educativa y los docentes en la discusión y el manejo de los presupuestos educativos”, puntualizó.
Los datos que fueron surgiendo al cabo del debate del congreso de Ctera –que resolvió también empezar a discutir en cada provincia los contenidos de un proyecto de ley nacional de educación para reemplazar la Ley Federal– reflejan lo que Yasky dio en llamar “la balcanización de la educación a la que llevó un modelo de educación menemista”. Se reseñó, por ejemplo, que el gasto anual por alumno en la ciudad de Buenos Aires es de 1371 pesos, mientras que en Salta es de 648 pesos; o que la inversión en los comedores porteños es de 3,16 pesos por día por chico contra los 50 centavos se destinan a los de Corrientes.
“Estas intolerables diferencias convierten en letra muerta el precepto constitucional de igualdad de oportunidades frente al derecho social a la educación”, subrayó Yasky y agregó: “El deterioro es tal que hoy ya no se excluye a los chicos de la escuela, sino que aun estando dentro de la escuela se los excluye de la educación”.