[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El Gobierno pasó de amenazar a Aguas Argentinas con quitarle la concesión a colaborar con ella en la búsqueda de soluciones a sus problemas. Roberto Lavagna se comprometió personalmente a gestionar ante el BID una quita sustancial en la deuda de la empresa. La UniRen, por su parte, intentó sin éxito acercarle un socio que aporte capital para sacar a la compañía de la situación de quiebra virtual en que se encuentra. El organismo que renegocia los contratos con las privatizadas, a cargo de Julio De Vido y Lavagna, mantuvo contactos con tres posibles inversores locales: Julio Werthein, Aldo Roggio y Francisco De Narváez. Ninguno de ellos se tentó con la oferta, porque el negocio parece poco claro en este momento.
Los fuertes cruces entre el Gobierno y Aguas Argentinas durante el verano, con amenazas cruzadas de rescisión del contrato, terminaron en un principio de arreglo. Ambas partes acordaron bajar las armas y ponerse a trabajar en un nuevo marco para la concesión. La presión del BID, del Banco Mundial –ambos acreedores y el segundo, además, accionista de la empresa– y del FMI influyó en el cambio de postura del Ejecutivo. También fue determinante la gestión del gobierno francés. El presidente Jacques Chirac intercedió en favor de Suez, el grupo de su país que controla la compañía. Lo hizo frente a Néstor Kirchner, cuando el Presidente viajó a París a principios de año. Después de esa entrevista, el Gobierno dejó de mencionar los graves incumplimientos de Aguas Argentinas, que justificaban largamente su expulsión.
El principal obstáculo para firmar un nuevo contrato es que la empresa arrastra una deuda asfixiante. Son unos 650 millones de dólares, casi tres veces su patrimonio. El marco regulatorio original establecía que el pasivo no podía exceder el 80 por ciento del patrimonio. Los mayores acreedores son el BID –en primer lugar– y la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial para operar con el sector privado. Entre ellos acumulan acreencias por casi 450 millones de dólares. Los organismos ya practicaron una rebaja a esas deudas el año pasado, pero aun así Aguas Argentinas no puede afrontar lo que queda.
En rigor, podría hacerlo con un aporte de capital del grupo Suez, pero los franceses se niegan. Atribuyen al Estado ser responsable de su crisis, debido a la pesificación de las tarifas. Como la mayoría de las privatizadas, Aguas inició por ese motivo un juicio contra la Argentina ante un tribunal internacional. Se trata del Ciadi, organismo que depende del Banco Mundial, quien es, por lo tanto, accionista, acreedor y juez de la empresa.
La solución que propone Suez es un aumento de tarifas del 60 por ciento. Para el Ejecutivo esa opción es inaceptable. Como máximo, la UniRen accede a una suba del 16 por ciento al 20 por ciento –como dijo Lavagna en enero pasado–, pero recién después de las elecciones de octubre. Mientras la negociación siga trabada, la empresa no hará inversiones de expansión de la red, que es justamente lo que el Gobierno quiere mostrar en un año electoral.
El propio Ejecutivo, entonces, pensó algunas soluciones alternativas. Por un lado, Lavagna ofreció negociar directamente con el presidente del BID, Enrique Iglesias, una nueva quita en la deuda de la concesionaria. El ministro planteó el tema en las reuniones que mantuvo con el banquero uruguayo tres semanas atrás, durante la asamblea del FMI. El organismo todavía no respondió. Por otro lado, la UniRen busca socios que pongan plata para rescatar a la compañía, pero los tentados no mostraron interés porque todavía no hay pistas claras sobre cómo quedará el nuevo contrato de concesión.