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Las plantas estarán a 30 kilómetros de Gualeguaychú y a cinco de Ñandubayzal, la playa de arena entrerriana sobre el río Uruguay. Dos empresas extranjeras producirán en la localidad uruguaya de Fray Bentos 1,5 millón de toneladas de papel al año. En un día consumirán la misma cantidad de agua que usa ese pueblo durante un mes. Trabajarán a base de monocultivo intensivo de eucalipto, proceso semejante al de la soja. El sábado pasado, unas 40 mil personas se reunieron en la movilización verde más importante de la región para repetir cada uno de esos puntos y rechazar los proyectos promovidos por el gobierno uruguayo. Ayer, el escenario se trasladó a Buenos Aires. Y la protesta se metió de prepo en la agenda de la visita oficial del presidente Tabaré Vázquez. Unas cien personas llegaron hasta el Hotel Sheraton para entregarle un petitorio. “Esto es una decisión tomada”, les respondió su ministro de Industria poco antes de que Vázquez lo confirme con un “va a continuar”. Se acordó sin embargo que se pondrá en marcha la ya varias veces requerida comisión mixta de técnicos para expedirse en 180 días.
La protesta de los ambientalistas encontró a Tabaré en la hora del almuerzo. A las 13.30, parte de la multisectorial entrerriana encargada de la organización de la marcha del sábado lanzó peces de papel blanco sobre la calle mientras se estrecharon en un “abrazo caracoleado”. Una avanzada consiguió colarse en el comedor del hotel donde los atendió el presidente uruguayo: “Le dimos el documento del ‘Abrazo al Puente’, dijo Andrés Rivas, militante del inédito Ejército Alpargatista de Liberación Nacional.
Tabaré recibió el escrito, aunque dejó como interlocutor a Jorge Lepra, su ministro de Industria. Pero la intromisión de los verdes no fue en vano: poco más tarde, Tabaré les respondía en una conferencia de prensa. Confirmó que el proyecto “seguía” con fábricas que son “de última generación desde el punto de vista tecnológico” y contemplan “todos los parámetros que exige la legislación europea”. En esa línea, dijo que “no transitaremos caminos que dañen a nuestro medio ambiente o, especialmente, a las personas. Hay parámetros internacionales y Uruguay va a hacer respetar esa normativa”.
El conflicto por la instalación de las plantas se arrastra desde 2003, cuando el entonces presidente Julio Batlle autorizó la construcción de dos fábricas y un puerto para la finlandesa Metsä-Botnia y la española ENCE. Según los ambientalistas locales, la instalación se aprobó sin estudios ambientales completos. Por eso reunieron unas 40 mil firmas destinadas al presidente Kir- chner para exigirle la participación argentina en el conflicto: “El tratado del río Uruguay firmado entre los dos países fija pautas muy claras que exigen un estudio de impactos”, le dijo a este diario el abogado ambientalista Jorge Danieri. Por eso requieren la creación de una comisión mixta para evaluar el impacto.
Ayer, tras una reunión entre Vázquez, el canciller Bielsa y el gobernador Busti, el jefe de Gabinete argentino finalmente la anunció. Alberto Fernández dijo que una comisión de técnicos se expedirá sobre el riesgo contaminante de ese emprendimiento. La comisión deberá buscar los mecanismos que minimicen el impacto ambiental en la región, explicó el funcionario.