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Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo tienen otra cita en Tribunales. Esta vez tendrán que responder, en declaración indagatoria, por la firma del decreto a través del cual el gobierno aliancista pagó al entonces privatizado Correo Argentino casi 30 millones de pesos en bocones el mismo día que la empresa regenteada por Franco Macri y Eduardo Escasany se presentaba a concurso de acreedores, mientras le adeudaba al Estado 257 millones de pesos/dólares en concepto de canon por la concesión del servicio. Por la misma causa, en la que se investiga el supuesto delito de administración fraudulenta, el juez federal Norberto Oyarbide también citó a indagatoria al ex jefe de Gabinete Chrystian Colombo, y al ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich.
Oyarbide investiga los motivos por los que el gobierno de De la Rúa ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el millonario pago al Correo Argentino, a pesar de que el decreto no especificada destinatario ni mucho menos que todo el dinero –en Bonos de Consolidación de la Tercera Serie– sería para esa sola empresa.
El decreto, rubricado por todo el gabinete aliancista, se refería a la “decisión del gobierno nacional de dotar al organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía” de recursos económicos para hacer frente a las “deudas originadas en facturas impagas al 31 de diciembre de 2000 por la prestación de servicios básicos, hasta la suma de 29.057.500 pesos”, para “hacer más eficiente el cumplimiento de sus funciones”. Sin embargo, la cifra coincide con toda la deuda que el Estado le reconocía a los entonces carteros, convirtiéndose en los principales beneficiarios de un decreto que ni siquiera los nombraba, en medio de restricciones que generaba la ley de Emergencia Económica.
Pero éste no sería el único elemento que generó la denuncia y las sospechas de la Justicia. El Decreto 1176 fue firmado el 14 de septiembre de 2001 y publicado en el Boletín Oficial cinco días después, el mismo día que los concesionarios del Correo Argentino (Socma-Banco Galicia) presentaban su convocatoria de acreedores ante la Justicia. Así, la sociedad que encabezaban Macri y Escasany se alzaba con casi 30 millones de pesos del fisco, al que no le había pagado ni un solo peso de los 257 millones que adeudaba desde 1999 en concepto de canon por la concesión del servicio y mientras judicializaba todas sus deudas.
Por entonces, Macri justificaba la convocatoria argumentando que “fue el último recurso que nos quedó”, y se preguntaba ante la prensa: “¿Dónde está escrito en la Constitución Argentina que un contrato no se puede renegociar?”. Una clara alusión a que la decisión adoptada por el consorcio que encabezaba intentaba forzar la renegociación del contrato de concesión con el gobierno, en búsqueda de mayor rentabilidad para el Correo Argentino. Incluso, Macri insistía en que el Estado le reconozca como inversión para el mejoramiento del servicio unos 99 millones de pesos que utilizó en indemnizaciones para reducir el personal del Correo. Nada que el gobierno de De la Rúa desconociera antes de firmar el decreto que ordenó el pago de 30 millones de pesos a su propio deudor.
La ronda de indagatorias organizada por el juez federal comenzará el 14 de junio, cuando se presente a declarar el ex secretario de Hacienda del gobierno de la Alianza, Jorge Baldrich, quien habría sido el encargado de redactar el decreto. Seguirá dos días después con la presencia en Comodoro Py de Domingo Cavallo, cuya cartera económica fue la “autoridad de aplicación y del dictado de normas aclarativas, interpretativas y complementarias” del decreto. El ex jefe de Gabinete aliancista, Chrystian Colombo, se deberá presentar el 21 de ese mes y el ex presidente Fernando de la Rúa, el 23. Aunque Oyarbide aún no tipificó bajo qué carátula convocó a los ex funcionarios, fuentes judiciales afirmaron a Página/12 que el juez podría indagarlos invocando la investigación del supuesto delito de “administración fraudulenta”.