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No hay ninguna duda de que Transportadora de Gas del Norte aspira a agotar la instancia negociadora con el Gobierno para defender su negocio en el rubro, más allá de las ventajas que pudiera contener el nuevo contrato de concesión propuesto, a punto de analizarse en audiencia pública. En una reciente carta a todo su personal, TGN dejó en claro que nada tiene que ver con la estrategia belicosa de su socia CMS, a la que el Ciadi acaba de beneficiar con una indemnización de 133,2 millones de dólares. Por el contrario, sostiene que “dicho fallo no tiene implicancias directas en la operación”, divorciándose de la suerte de ese pleito. El afán privado empalma con las reales posibilidades del Gobierno de resistir ese fallo sin ganar una condena política internacional.
“Cabe destacar que TGN no es ni ha sido parte en ese litigio y que la compañía continúa participando en el proceso de renegociación de su licencia ante la UniRen (Unidad de Renegociación de Contratos), en búsqueda de un acuerdo equitativo que le permita recomponer su negocio de transporte”, sostiene el texto distribuido entre los empleados de la sociedad que lidera Techint, junto a Total, grupo Soldati y Petronas, núcleo que funciona en bloque a la hora de tomar decisiones.
El memo está fechado el viernes 13, horas después de que se conociera la decisión del tribunal que analizó el pedido resarcitorio de la norteamericana CMS Gas Transmission Company. Invocando el tratado bilateral de inversión que Argentina firmó con los Estados Unidos, la firma pidió una resarcimiento de 261 millones de dólares por considerar que la pesificación y congelamiento de sus tarifas resultó expropiatorio y configuró un trato injusto e inequitativo, habida cuenta de que otros sectores de la economía sí pudieron acomodar sus precios tras la devaluación. El Ciadi no hizo lugar al primer argumento pero sí al segundo.
La Procuración del Tesoro prevé plantear la nulidad ante el propio Ciadi, que debería conformar un tribunal especial para considerarla. ¿El argumento?: que CMS es socia minoritaria (de TGN) y, por lo tanto, que no tiene entidad para litigar. Roberto Lavagna sugirió el lunes un atajo que es considerarlo nulo y objetarlo ante la Justicia nacional, en la medida en que vulnere algún derecho consagrado por la Constitución nacional.
Pero la verdadera apuesta oficial para neutralizar la orden de pagar una indemnización millonaria es terminar la renegociación con las privatizadas, de modo tal que las demandas ante el Ciadi se transformen más en un problema entre privados que en una carga sobre el erario: si se acuerda con toda la sociedad es poco razonable pensar que, al mismo tiempo, se pagará un resarcimiento millonario a alguno de sus miembros. El caso de CMS podría devenir en esto.
Desde el momento de presentar su demanda, la demandante norteamericana especula con la posibilidad de abandonar su posición en la Argentina. En este sentido, los árbitros del Ciadi le dieron una mano habilitando al Estado argentino a quedarse con su porción de acciones –el 29,4 por ciento de TGN– por un pequeño adicional a la indemnización.
Pero la inminencia de un nuevo acuerdo con el Gobierno y el hecho de que una proporción muy importante de sus ingresos provengan de la exportación (la tarifa del transporte para esta actividad está dolarizada) hacen que sus propios socios miren con ganas ese tercio del capital que podría estar vacante. Nadie puede descartar hoy que el propio grupo Techint quiera alzarse con él. Posiblemente, eso sí, por mucho menos que lo que debería pagar el Estado para indemnizar.