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El comisario Alfredo Fanchiotti entró a la sala de audiencias de sobretodo oscuro y traje azul. Un oficial del Servicio Penitenciario le sacó las esposas. El comisario se quitó el abrigo; estaba terminando de acomodarse en la silla cuando ingresó a la sala el cabo Alejandro Acosta, su co-acusado en el juicio oral. Fanchiotti y su antiguo chofer no se saludaron. Sentados a dos metros de distancia, evitaron incluso mirarse. No es un secreto para nadie que están enfrentados: cada uno culpa al otro por las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Tal vez para disimular esta tensión, en espera del inicio de la audiencia el comisario se puso a hablar con su abogado defensor, Amílcar Chiodo. Acosta se mantuvo en silencio. En la sala, las filas de bancos destinadas al público terminaron de ocuparse: en la mayoría de los lugares se ubicaron familiares y amigos de las víctimas. Cuando la presidenta del tribunal, Elisa López Moyano, dio inicio al juicio oral, el cabo Acosta dijo que quería declarar. En los dos años y medio que lleva la investigación, todavía no lo había hecho, por lo que su anuncio dejó en la sala un clima de expectativa por lo que pueda decir.
La primera jornada del juicio oral y público estuvo destinada a que el fiscal, los abogados querellantes y los defensores sintetizaran qué es lo que buscarán demostrar a lo largo del proceso. Aunque se sabía de la pelea que existe entre los dos acusados, fue una sorpresa ver cómo ese malestar se traducía en una guerra fría entre sus defensores.
Bastó que el abogado de Fanchiotti pidiera que el juicio se dividiera en dos partes –quiere que se juzgue primero el asesinato de Darío Santillán y en un segundo término el de Kosteki y los intentos de homicidio– para que el defensor oficial de Acosta, Vaca Paunero, replicara que se trataba de un razonamiento equivocado.
“Lo que hay que hacer es lo contrario, hay que unir todos los hechos de ese día, porque eso nos va a dar un contexto sobre lo que realmente ha ocurrido”, dijo Vaca Paunero. Paradójicamente, el defensor ponía en primer plano la pregunta que va a atravesar todo el juicio: la de si el caso debe enfocarse como un episodio de gatillo fácil o hay que subir en la cadena de responsabilidades por encima de los dos acusados.
Fanchiotti y Acosta serán juzgados por las dos muertes y siete tentativas de homicidio. Llegaron al juicio oral imputados como coautores de esos delitos, luego de una investigación que no fue más arriba. Para la fiscalía, el comisario y su chofer actuaron de manera coordinada y dispararon a los manifestantes “siguiendo un designio común, el de ocasionarles la muerte”.
En el juicio hay, además, otros cinco ex policías acusados de encubrimiento agravado. Se trata de Carlos Quevedo y Lorenzo Colman, imputados de haber presenciado el asesinato de Santillán y haber limpiado las evidencias. Por la misma figura penal deben responder Mario de la Fuente, Gastón Sierra y el ex comisario Osvaldo Vega. El octavo procesado es Francisco Robledo, un policía retirado que actuó en la represión.
En el parque que rodea a los tribunales de Lomas de Zamora la Gendarmería se apostó con tanques antidisturbios y perros. El acceso principal fue cerrado y en los secundarios se pusieron vallas. La sala del juicio oral fue refaccionada para este juicio: la aislaron del resto del edificio y ahora tiene una entrada independiente. Todo el que ingresa debe pasar por un detector de metales, dejar sus documentos en consigna y prestarse a una doble revisación.
El tribunal integrado por Elisa López Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldán no permitió que el juicio sea filmado o grabado. Sólo se pueden tomar notas.
Vanina y Mara Kosteki, las hermanas de Maximiliano, ocuparon el lugar destinado a los querellantes junto con Alberto Santillán, el padre de Darío. En los asientos para el público hubo figuras públicas, como Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer y José De Luca (ver aparte), y algunos diputados, como Eduardo Macalusse, Alicia Castro y la ex legisladora porteña Vilma Ripoll.
Los testigos seguirán un orden para declarar. La idea es que primero lo hagan los policías, luego los vecinos de Avellaneda y los manifestantes y por último los ex funcionarios.
El ex presidente Eduardo Duhalde, que fue convocado para el 7 de julio, encabeza esa lista, aunque todavía no se sabe si se presentará o pedirá declarar por escrito. Su testimonio fue pedido de los abogados de las víctimas, al igual que los del gobernador Felipe Solá, Carlos Soria (por entonces titular de la SIDE), Juan José Alvarez (era secretario de Seguridad), Luis Genoud (su par bonaerense) y Jorge Vanossi (ministro de Justicia), entre otros. Aunque serán interrogados sólo como testigos, los querellantes buscarán hacer visible la cadena de responsabilidades. También será convocado como testigo el presidente Néstor Kirchner. Está citado para el 11 de julio.
“Vamos a hacer hincapié no sólo en lo relativo a los policías, sino a que existió un plan o estrategia diseñada desde las esferas superiores”, anticipó el abogado y ex juez Mariano Bergés, patrocinante de Santillán.
“La represión fue un operativo de Estado”, sostuvo su colega Claudia Braccamonte. En las audiencias orales, planteó también el abogado de las víctimas Claudio Pandolfi, los querellantes buscarán mostrar “el rol que cumplieron los superiores jerárquicos de los policías acusados”.
Los querellantes recordaron que la represión del 26 de junio del 2002 dejó 33 heridos con balas de plomo y dos muertos. Incluyó el allanamiento ilegal del local de un partido político, el de Izquierda Unida, fue antecedida por una campaña del gobierno de Duhalde que pretendió mostrar a los piqueteros como impulsores de un complot para derrocar a la democracia y hubo, luego de la represión, un operativo de prensa para instalar la versión de que los desocupados se habían matado entre ellos. ¿Por qué quiere declarar después de tanto tiempo el cabo Alejandro Acosta? Sus allegados han dicho que su primer defensor, Fernando Burlando, lo malaconsejó para que no hablara. Dicen también que el chofer sufrió amenazas para que mantuviera la boca cerrada. Lo cierto es que cuando se decidió a deshacerse de Burlando y pidió ser indagado, el caso ya había sido elevado al juicio oral. Le dijeron por esto que debía esperar a las audiencias. Acosta sólo pudo presentar un escrito en el que aseguró que Fanchiotti le ordenó ir a buscar municiones de plomo y que como él se negó, el propio comisario se ocupó de hacerlo.
En cuanto a Fanchiotti, la pregunta es si va a aportar algún dato concreto sobre el rol que jugaron sus superiores. Su abogado defensor lo descarta: ya ha dicho que el comisario “no recibió órdenes ilegales”.
Su estrategia, por lo que mostró ayer, apunta en otra dirección. Como las pruebas comprometen especialmente a Fanchiotti en la muerte de Kosteki, que ocurrió tras ser herido en la calle, sobre la avenida Pavón, el abogado buscará poner en duda que Fanchiotti haya sido el autor de ese disparo. Chiodo sostuvo que entre los manifestantes había “infiltrados”, habló de “instigadores” y aseguró que “otras fuerzas (no sólo la policía bonaerense) dispararon contra los piqueteros. El abogado defensor aseguró que hubo incluso francotiradores. “El disparo (que mató a Kosteki) se hizo desde el interior del predio del hipermercado Carrefour”, dijo en ese sentido mientras en la sala se oía un murmullo de desaprobación. Pero nadie esperaba oír lo que seguía: “A mi representado”, dijo el abogado, “se lo ha demonizado por una cuestión sociológica. El es un simple comisario que estaba cumpliendo órdenes”.