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El intento de endurecer la Ley de Defensa del Consumidor ya tiene dictamen de la comisión del mismo nombre cuya titular, la justicialista Susana Córdoba, promoverá un plenario para apurar un aval conjunto de otros grupos parlamentarios que la examinan. La propuesta no sólo promete un mayor alcance, también ratifica la posibilidad de las entidades de defensa del consumidor a litigar judicialmente en representación de derechos colectivos, algo que ya ocurrió más de una vez en la historia reciente.
Los retoques que estudia el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo poco deben seducir a las privatizadas, cuyos usuarios hoy sólo pueden reclamar ante los entes reguladores, a los que escapa la facultad de intervenir en casos puntuales entre clientes y las empresas. Su competencia específica es verificar el cumplimiento global del contrato y no están facultados a establecer multas o resarcimientos, algo privativo de la Justicia.
Si el proyecto de cambio prospera, estas dos cuestiones sí podrán ser atendidas por otras instancias administrativas como las secretarías de Defensa de los Consumidores que, hasta un monto individual de 3000 pesos per cápita, podrían ordenar multas. Una atribución legalmente muy controvertida sobre la que todavía no hay consenso.
En lo que no hay reparos ni jurídicos ni políticos es en la voluntad de ampliar los alcances de la ley para que casi ningún acuerdo entre una empresa y un proveedor de un bien o servicio quede desregulado: desde clubes de campo hasta los beneficiarios de premios por acumulación de puntos por compras (supermercados, petroleras) tendrían ese paraguas.
Los cambios sugeridos por el Poder Ejecutivo son muchos y variados e incluyen una ratificación del poder que tienen las asociaciones de consumidores para reclamar judicialmente en nombre de sus representados. También contempla el beneficio de litigar sin gasto, aunque en algunos casos puntuales, el proveedor del bien o servicio podría alegar que sí existe capacidad económica del litigante.
El paquete de retoques intentará introducir la figura del “daño punitivo” o “multa civil”, concepto contemplado en la legislación norteamericana y que en una ocasión le costó a Ford 150 millones de dólares por una demanda de sus clientes. La idea base es castigar aquellos casos en los que una empresa transgrede la ley porque le resulta más económico que cumplirla.
Quizás hoy no tenga costo el presunto descuido de vender un paquete de polenta con gorgojos, más allá de devolver el importe cobrado. En el futuro, habría una multa y ésta superaría con creces ese valor. Sólo por ilustrar con un ejemplo sencillo.