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Los diputados avanzaron con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y dieron ayer más poder a la unidad estatal encargada de investigar operaciones de lavado de dinero. La Cámara baja aprobó un proyecto del diputado justicialista Jorge Argüello que otorga mayores poderes a la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata de una modificación a la ley 25.246 que ahora obliga a levantar el secreto bursátil y bancario cuando lo requiera este organismo que depende del Ministerio de Justicia. “Esto es una farsa, lo único que serviría sería levantar el secreto fiscal definitivamente, y es lo único que el dictamen de mayoría (que finalmente fue aprobado) no hace”, se lamentó la diputada del ARI Marcela Rodríguez.
El oficialismo en Diputados impulsó la aprobación, que todavía debe ser ratificada por el Senado, para enviar una señal al GAFI, que Argentina integra desde 1999, y evitar una sanción internacional. El país ya enfrentó tres informes negativos de esa agencia intergubernamental en la cual la influencia de Estados Unidos es determinante, y que promueve la aplicación de políticas contra el lavado de dinero. El justicialismo intenta revertir una cuarta reprobación prevista para el informe que se dará a conocer el 6 de junio. El diputado Mario Cafiero (Soberanía Popular) objetó el “colonialismo legislativo” por el cual sólo se votan “las leyes que nos piden de afuera”.
Además de levantar el secreto bancario y bursátil a requerimiento de la UIF, el proyecto elimina las denominadas “excusas absolutorias” que permiten a familiares y amigos de los responsables de lavado eludir las penas de encubrimiento cuando participan de las maniobras. Al abrir el debate, el diputado justicialista Rodolfo Frigeri sinceró las motivaciones del proyecto y recordó que las sanciones del GAFI podrían excluir a Argentina de los préstamos entregados por el BID y el Banco Mundial. En su redacción original, el proyecto levantaba también el secreto fiscal. Pero el titular de la AFIP, Alberto Abad, logró revertir esa iniciativa con el argumento de que afectaría la recaudación tributaria.
Por su parte, Cafiero pidió una modificación que no prosperó. A partir de las sospechas en torno al origen de los fondos que financiaron el pase del jugador Carlos Tevez al club Corinthians, el legislador relató que descubrió que la UIF “no puede actuar de oficio”. Por lo tanto planteó, sin éxito, que los clubes de fútbol también sean obligados a cumplir con los requerimientos de la UIF, como deben hacerlo los bancos, las casas de cambio, los fondos de jubilaciones y pensiones, los casinos y otras casas de juegos de azar, los agentes y sociedades de Bolsa, las empresas aseguradoras, los registros públicos, las operadoras de tarjetas de crédito, las transportadoras de caudales, los escribanos públicos y los contadores.