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Los diputados opositores no consiguieron ayer el quórum necesario para discutir en el recinto las nuevas versiones contractuales que el Gobierno acordó con los concesionarios de Autopistas del Sol y del Oeste y que el día anterior habían tenido el aval del Senado. Con el correspondiente decreto quedaría habilitado un ajuste inmediato del 15 por ciento en el peaje de esos accesos, sólo uno de los ajustes que faculta ese entendimiento.
Así quedó allanado el camino para una recomposición tarifaria que comenzará en los próximos días, que llevará de 1,90 a 2,20 pesos el precio total del corredor Norte y de 3 a 3,40 el del Oeste. Claro que el mismo entendimiento autoriza a los adjudicatarios a solicitar al órgano de control un incremento adicional, en la medida en que sus costos aumenten por encima del 5 por ciento, chance muy probable en el actual contexto de precios inquietos. La otra suba está prevista para el 2006, para cuando se aliste el contrato definitivo en el que quizá la propia Uniren reflote su idea de admitir escalonadamente otro aumento del 15 por ciento y dos posteriores de 10.
Como en el caso de las renegociaciones energéticas, la Uniren optó por el criterio de autorizar un incremento inmediato y seguir discutiendo el tema con miras a acordar antes de fin de año una “revisión tarifaria integral”, cuyas bases ya quedaron insinuadas.
Según expresó por escrito la Uniren, la idea es que las empresas conserven la ecuación económica prevista en el año 1993, aunque pesificando todas las variables del negocio. Considerando que en estos casos la deuda en moneda dura tiene peso relativamente menor, las perspectivas de rentabilidad no cambian demasiado respecto del momento en que fueron diseñadas estas privatizaciones.
El criterio tampoco contempla un concepto consagrado por la legislación de obras públicas que liga el costo del peaje al rédito económico concreto de quienes lo pagan. Se trata del “beneficio del usuario”, un concepto mensurable que expresa el ahorro que obtiene un automovilista por utilizar un camino concesionado y que fundó reiterados cuestionamientos al sistema de privatización de rutas durante los ’90 porque no respetaba esta pauta. La cuestión fue planteada por asociaciones de usuarios en las audiencias públicas, pero sin ningún eco en la redacción final del acuerdo.
Es cierto que los accesos capitalinos han tenido una historia diferente a las rutas nacionales, en principio porque los adjudicatarios no pudieron comenzar a cobrar hasta que no realizaron una porción de obras comprometidas. A mediados del 2003, el Occovi (Organo de Control de las Concesiones Viales) evaluó de modo muy positivo este aspecto, concluyendo que Acceso Oeste tenía ejecutado el 95 por ciento de las obras comprometidas, porcentaje que alcanzaba al 82 por ciento en el caso de Autopista del Sol.