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Sociólogo boliviano, con un doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Fernando Calderón se ha especializado en temas de desarrollo y es autor de algunos libros clave para entender la compleja realidad de su país, entre los que se destaca La política en las calles, donde analiza la protesta social como método para influir en los gobiernos. En diálogo con Página/12, Calderón evalúa la compleja crisis boliviana, las consecuencias para Latinoamérica y la Argentina y las posibilidades de intervención de los países de la región. “Lo que no se puede permitir es una salida militar. Eso es malo para todos”, asegura.
–¿Cómo puede repercutir en Latinoamérica la situación de Bolivia?
–El tema de fondo es cómo la globalización genera consecuencias económicas y políticas difíciles de procesar por los estados nacionales. Bolivia, quizá con mayor patetismo, como sucedió en la Argentina hace unos años, revela esta realidad. Y muestra que en el centro de estos problemas está un recurso estratégico que tiene importancia a escala no sólo regional, sino global. Es un horror que Chile esté trabajando para importar gas de Indonesia. Y esto repercute en el juego político: si en la Argentina no hay abastecimiento de gas para las industrias va a haber un saldo político, lo mismo en Chile si tiene que pagar más costos, o en Brasil si no puede realizar sus proyectos de plantas hidroeléctricas. Si no se hace la inversión en Bolivia para exportar gas a California y al norte de México va a haber consecuencias para el mercado mundial. Por eso, en el fondo de la crisis se advierte la necesidad del retorno del Estado como actor para el desarrollo.
–¿El reclamo por una mayor presencia del Estado es lo que unifica los reclamos?
–Sí. Desde los sectores que reclaman la autonomía en Santa Cruz hasta los sectores que piden una mayor integración en el Occidente, todos están reclamando un Estado que se ocupe del desarrollo y la inclusión social. Esto habla de la necesidad de un nuevo pacto entre las transnacionales y el Estado. Ya no funciona el pacto de las reformas estructurales. Las empresas transnacionales son importantes, pero en el marco de un pacto que debe ser renovado, que tiene que tener en cuenta estas mayorías excluidas. Hay que remarcar este punto: se trata más de las empresas transnacionales que de los gobiernos. Este es un tema más importante para Petrobras que para Brasil, para YPF-Repsol que para la Argentina, para Total que para Francia, y así para los 25 contratos que existen en Bolivia por el gas. Y esto no debería llamar la atención: vivimos en un mundo en el que el producto de Toyota es igual al PBI de la Argentina. El peso de una transnacional petrolera grande es 30 veces el de Bolivia. No es que se tienen que ir, sino que hay que redefinir la relación.
–El problema es que las transnacionales operan con una lógica económica de costo-beneficio, mientras que los estados están cruzados por lógicas políticas, económicas, sociales.
–Hay que romper esta idea de que las trasnacionales sólo son empresas: son actores económicos, políticos y culturales del desarrollo. Tienen lobbystas, estrategias que penetran los gobiernos, los movimientos sociales, las redes internacionales. Es natural que sea así, están asociadas con sus Estados, sobre todo en los países desarrollados: es lógico que la embajada francesa trabaje para sus empresas. El problema es que nosotros no tenemos esa capacidad de movernos por el mundo.
–¿Qué pueden hacer países como la Argentina y Brasil para ayudar a Bolivia a encauzar la crisis?
–Hoy hay una paradoja: se ha dado un proceso de internacionalización fuerte en Bolivia y al mismo tiempo los bolivianos se oponen a mecanismos de intervención externa para los problemas internos. No está en la agenda de los gobiernos intervenir, pero de todos modos los gobiernos pueden contribuir a generar soluciones de diálogo, para que los problemas se resuelvan en el marco de la democracia. Esta es la clave para las políticas que puedan desarrollar la Argentina y Brasil: ser durísimos contra cualquier opción que se salga de los marcos democráticos. Y trabajar para que las empresas transnacionales de esos países, como Repsol o Petrobras, flexibilicen sus posiciones. Ese es el tipo de acción que se puede emprender. Lo que no se puede permitir en América latina es una salida militar, de transición cívico-militar o lo que sea. Eso es malo para todos, no sólo para Bolivia.
–La Argentina vivió una crisis institucional hace tres años: todos los países están expuestos al derrumbe institucional y la tentación autoritaria.
–Sí. La inserción de América latina en la globalización es precaria y la capacidad de los gobiernos es débil. Esto genera un piso difícil para una democracia más sólida.
–¿Cómo opera Estados Unidos? ¿Hay un vacío de influencia o un riesgo de intervención?
–Tienen una idea de preservar la continuidad democrática. Seguramente apoyan una lógica institucional por sobre una militar. Pero, en el caso boliviano, han cometido errores políticos respecto de sus propios intereses a través de una política de inmiscuirse en el juego político, particularmente con su rol en las elecciones del 2002. Ahora parecen ser conscientes de que ellos pueden influir, junto al resto de los países de la región, pero no decidir. Y eso crea el desafío para países como la Argentina y Brasil.
–¿No ve un escenario al estilo Colombia?
–Estados Unidos no tiene posibilidad, por sus bajos niveles de legitimidad, de emprender algo así en Bolivia.
–¿Y si se polariza aún más la situación?
–Siempre existe esa posibilidad, pero para que pase tiene que haber muchos fracasos antes, que se llegue a un estado de explosión. Una hipótesis tipo Haití es muy poco probable y para evitarla hay que impulsar un juego democrático preventivo.
–Pero el escenario es de caos.
–Por supuesto, se pueden precipitar procesos de descomposición muy fuertes. Pero pueden revertirse. El 80 por ciento de la población piensa que la salida es a través del diálogo y el consenso. Esta idea se da en el Altiplano, en Santa Cruz, en todos lados. Hay un problema de distancia entre las elites políticas de todas las orientaciones y las demandas de la población. Las elites, por defender intereses y por su pasión en la política, no toman en cuenta esta demanda de una salida consensuada.
–¿Qué se puede aprender de esta experiencia?
–Que el centro de los problemas no es tanto ceder un poco o no, sino que hay una desconfianza intrínseca de los interlocutores. Es como en el truco, nadie le cree al otro. Y el otro problema grave es que todos se creen representantes de la Nación cuando son representantes de una parte.
–¿Se refiere al Comité Cívico de Santa Cruz, a los movimientos indígenas, a los partidos tradicionales?
–Acá hubo una crisis de la democracia pactada, de coaliciones parlamentarias que se formaban frente a resultados electorales muy fragmentados, lo que permitía generar nichos de estabilidad. Eso se agotó, entre otras cosas por el juego de las demandas. La tesis de mi libro La política en las calles es que en Bolivia los sistemas de representación institucional son débiles y que por lo tanto la presión por los intereses se da en la calle. Es un problema que no se ha logrado resolver y hoy se vuelve a plantear.
–¿Esto se agudizó por la participación indígena?
–La participación del MAS es un avance, aunque seguramente insuficiente. Representa un 35 por ciento del Parlamento en un país con un 61 por ciento de la población que dice que es de los pueblos originales. Es un tema complejo, porque un 75 por ciento se dice también mestiza. Es una interculturalidad y no sólo una multiculturalidad. Una democracia pluralista necesita reconocer esta realidad. Hay una demanda para que esta lógica se exprese en el sistema institucional. Por otro lado hay realidades regionales muy fuertes que no tienen correlato en el sistema centralizado. No hay, por ejemplo, elecciones de prefectos, equivalentes de intendentes, que hasta ahora se elegían a dedo por el presidente. La demanda de descentralización es histórica: tiene dos siglos. Una hipótesis a explorar sería una idea de autonomía asimétrica, con una asimetría corregida por el Estado nacional, con autonomías subordinadas al Estado nacional. Pero, tanto detrás de la posición del Comité de Santa Cruz como de la de Evo Morales hay una lógica corporativa que es necesario desarmar. Es importante insistir, entonces, en una salida en base a la deliberación que logre acuerdos y que produzca resultados.