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Roberto Lavagna apretó los frenos y dio una fuerte señal de querer parar la bicicleta financiera. Ayer anunció que no habrá más emisiones de bonos en pesos que ajustan con la inflación, los preferidos por los inversores para obtener jugosas ganancias. Con un tipo de cambio clavado cerca de los 2,90 pesos, esos títulos públicos garantizaban una rentabilidad en dólares de las más altas del mundo: aproximadamente 16 por ciento anual. Ni siquiera las restricciones al ingreso de capitales había logrado frenar la ola especulativa.
El ministro les dio la primicia a los industriales, con quienes se encontró ayer al mediodía (ver página 5). Dijo que era una señal más de que busca evitar la indexación de la economía y, al mismo tiempo, no convalidar tasas de interés altas. Además, la medida puede interpretarse como un blanqueo del ministro de que existe una aceleración inflacionaria.
En una primera lectura, la decisión de Lavagna va en contra de la intención de pesificar la deuda pública. La última reestructuración permitió que aproximadamente el 43 por ciento del pasivo de la Argentina quedara en pesos indexados. Esa realidad, interpretada como una fortaleza económica, tuvo ahora una reinterpretación en el sentido contrario, al menos para el corto plazo.
La salida del default combinada con un tipo de cambio alto y estable y una aceleración inflacionaria terminó por favorecer la especulación financiera. Como el Gobierno está comprometido con mantener la actual paridad entre el peso y el dólar, en un contexto donde no existe ningún temor a que la Argentina deshonre sus compromisos, el negocio para los financistas fue redondo: los inversores compraban títulos públicos ajustados por el CER y de ahí en más sólo era cuestión de tiempo para venderlos, capturar los intereses y la inflación acumulada, y recomprar más dólares de los invertidos en un principio.
El negocio fue tan fácil que los bonos en pesos indexados hicieron furor. En 70 días, los Boden 2014 acumularon una suba del 17,6 por ciento. Mientras, los Discount ganaron 16 por ciento desde su debut, a principios de junio último.
Esas transacciones entre privados no deberían alarmar al Gobierno si no fuera porque implicaron un masivo ingreso de divisas desde el extranjero, que ni siquiera pudo aminorar la aplicación de un encaje del 30 por ciento y la obligación de mantener la inversión un año como mínimo. Un inversor que traía 100 dólares estaba obligado a dejar 30 dólares inmovilizados. Como la tasa implícita de los títulos ronda el 16 por ciento anual, si dentro de un año se mantiene el actual tipo de cambio, la rentabilidad en dólares (descontado el encaje) alcanzaría al 11 por ciento. Un rendimiento espectacular en moneda dura: casi el triple de lo que rinden los bonos del Tesoro estadounidense. El único riesgo es que el dólar suba frente al peso y se coma una parte de esa utilidad.
El anuncio de que se suspendieron las emisiones de bonos en pesos indexados es una vuelta de tuerca a la intención de limitar la especulación financiera. El Gobierno permitió la suscripción de esos papeles sin necesidad del encaje. En tres licitaciones consiguió financiamiento por 3000 millones de pesos, a tasas implícitas de entre 15 y 17 por ciento anual. El apetito de los inversores por estos bonos fue tan grande que, en una de las convocatorias, la oferta resultó nueve veces superior al monto de la licitación. La jugada le salió mal al Gobierno: no sólo se endeudó caro sino que, además, se vio forzado a comprar los dólares que habían liquidado los inversores para suscribir el bono, con el objetivo de sostener el tipo de cambio.
Como toda especulación financiera, el riesgo también está ligado al momento en que cambie la tendencia del mercado. Y así como ahora los dólares espantan a los financistas y el peso es la vedette, cuando todo vuelva a la situación actual la corrida puede ser al revés y los inversores pretender los billetes verdes para huir de la Argentina.