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Mil litros de agua potable en Capital Federal y el conurbano cuestan 50 centavos, contra los 1000 pesos que debe oblar cualquier consumidor de agua mineral. La caprichosa comparación es uno de los argumentos que la sociedad liderada por Suez apeló para convencer a su personal de la justicia de su posición para revisar el contrato de concesión. Lo hizo a través de una carta fechada el 29 de julio, como parte de una serie de misivas a su personal en las que ratifica expresamente su voluntad de permanecer en el negocio. Para ello, planteó al Gobierno ejecutar un programa de inversiones de 2700 millones de pesos en los próximos cuatro años, que permitiría llevar ese servicio esencial al millón de bonaerenses que no tiene cloacas y a otro tanto que ni siquiera está conectado a la red de agua. La cuestión es que el grueso de esos recursos deberían provenir del esfuerzo estatal más que del aporte de los accionistas.
Después de un infructuoso intercambio de papeles entre Aguas Argentinas y la Unidad de Renegociación, la empresa envió días atrás un emplazamiento al Estado para que en un plazo máximo de treinta días hábiles (seis semanas) brinde “una solución definitiva a la situación del contrato”. Esa nota formal fue interpretada como un preludio del supuesto abandono del servicio, que eventualmente podría concretarse al término de aquel período, en las primeras semanas de septiembre. Sobre esa base, motivó la airada reacción del Presidente que les recordó la obligación a veces no honrada de prestar el servicio.
Sin embargo, en la compañía sostienen que no tienen ánimo de huida, fuga puesta en relieve con recurrentes amagues. Como tampoco es realista la supuesta vocación estatizadora del Estado, cuyos funcionarios ligados al tema tienen muy presente las dificultades que entrañaría la partida de Suez y sus socios.
“Contrariamente a lo que sugieren algunos medios, el envío de esta carta (la del emplazamiento) no refleja ninguna decisión tomada por Suez o de los otros accionistas de abandonar Aguas Argentinas. Al contrario, dicha decisión apunta a explicitar al Gobierno que la situación de la concesión requiere soluciones rápidas”, asegura el director Jean Vernard Lemire en una carta dirigida a todo su personal el 28 de julio. “El proceso de negociación ha sido muy largo y muy complejo pero no ha terminado. Una serie de instancias están abiertas y el diálogo sigue abierto a distintos niveles, locales e internacionales”, sentencia el texto.
Dos días antes, el mismo directivo despachó por la red interna otra nota en la que explicaba el porqué del “pedido formal” al Gobierno para que en los treinta días se expida sobre los aspectos económico-financieros detallados por la empresa en su última propuesta, elevada el 7 de julio. Según la dirección de Aguas, ésta era una síntesis de los planteos formulados por la privatizada, remozados según las conversaciones que habían tenido lugar con el Gobierno. Pero, siempre según su juicio, la Uniren ni siquiera habría respondido a esas cuestiones medulares, sobre las cuales en mayo se había logrado un principio de consenso.
Finalmente, en la circular interna del 29 precisa los aspectos centrales de la última propuesta de la privatizada, basada en un plan que tiene como eje “expandir el servicio a todo el perímetro de la concesión y realizar un Plan de Saneamiento Integral”, incluyendo la medición de los inmuebles de propiedad horizontal.
Allí puntualiza de qué modo podría ser alcanzado ese objetivo, que demandará unos 2700 millones de pesos entre el 2005 y el 2009, aunque sin mencionar la constitución del fondo fiduciario, el mecanismo que por ahora el Gobierno considera única garantía de que cualquier aumento en los ingresos de la concesión sean efectivamente destinados a obra:
- 1150 millones de pesos –equivalente al 42 por ciento de aquel monto total– a cargo de Aguas Argentinas;
- 1150 millones de pesos con aportes del Estado y/o de Terceros;
- 400 millones de pesos por créditos multilaterales ya otorgados (préstamos que indefectiblemente requieren el aval del Estado).
La enumeración incluye los dos aumentos tarifarios del 20 por ciento cada uno en el 2006, manteniéndose la tarifa social; el “ordenamiento de cuestiones regulatorias pendientes” y “un subsidio de 120 millones de pesos por única vez en el 2005 para equilibrar las cuentas de la empresa este año”.
El esquema se completa con una reestructuración de su deuda de casi 600 millones de dólares, gracias a un aporte de los accionistas de alrededor de 600 millones de pesos, dos tercios en efectivo y el resto capitalizando aportes realizados en el 2004. A esto la empresa plantea adicionar un préstamo de 300 millones “a conseguir de un grupo de bancos locales, si es posible, con ayuda del Gobierno”.
Por último, también hay una promesa que va al corazón del personal: “recomposición salarial para los empleados de la empresa a partir de la firma del acuerdo”. Una zanahoria para los trabajadores comandados por José Luis Lingeri, que ayer quedaron sujetos a una conciliación obligatoria dispuesta por Trabajo, quien contuvo así el conflicto salarial.