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Son marcas que no tienen una raíz anglosajona como las de los atados tradicionales. Al contrario de éstas, se adueñaron de un perfil localista, distanciado de la cultura global por la cual una marca puede conseguirse tanto en Buenos Aires como en París o Nueva York. Las más populares son Achalay, V8, Macedonia y Melbour. Son las marcas de cigarrillos que se compran a mitad de precio que los paquetes fabricados por las grandes multinacionales. Esos cigarrillos son fabricados por pymes que operan asociadas a pequeños y medianos productores de las distintas provincias tabacaleras. Y serían las más perjudicadas por la Ley Antitabaco. El impacto también sería negativo para el negocio de la publicidad, rubro en el cual las tabacaleras pautan por un millón de pesos mensuales.
La objeción de las pequeñas fábricas y de los productores tabacaleros a la ley impulsada por el Gobierno radica en que la norma propiciará un denominado “Precio de Protección Salud”. Este valor mínimo al que deberán venderse los atados de cigarrillos rondaría los 3 pesos, según indicaron en el Ministerio de Salud. Significa que los fabricantes más chicos, que sobreviven, justamente, gracias a que ofrecen el producto a entre 1,30 y 1,70 peso, menos de la mitad que las multinacionales, estarían obligados a encarecer los paquetes.
Las marcas de Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, los colosos que se reparten el mercado del pucho, se venden casi todas por encima de los 3 pesos por cada paquete de 20. Las excepciones son escasas: Le Mans, por el lado de Massalin, y Colt, Derby, Conway y 43/70 por el de Nobleza Piccardo. Salvo el caso de Colt, que se vende a 2,60 pesos, el resto se consigue a 2,90. Las marcas premium de ambas empresas, desde Marlboro y Chesterfield hasta Jockey y Camel, se venden entre 3 y 3,80 pesos. O sea, la ley no las afectaría, al menos en este aspecto.
La producción de tabaco da empleo a un millón de personas en las distintas provincias elaboradoras. Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones y Chaco se encuentran entre ellas. La mayoría de los productores condicionan la obligación de fijar un precio mínimo del atado de cigarrillos. Dicen que, en tanto favorece a las multinacionales, esa medida los ata a la suerte de una negociación desigual con esas gigantes. También son reticentes a que se apliquen más restricciones al consumo de cigarrillos. La eventual caída del consumo, alegan, debería contrapesarse con medidas que favorezcan la reconversión de un sector con mano de obra intensiva.
Jorge Aráoz, de la cooperativa tucumana La Invernada, propuso, en diálogo con Página/12, que en lugar de habilitar una suba de los precios de los atados de las pequeñas marcas, el Gobierno grave directamente la materia prima. Y que con esa mayor recaudación se subsidie a los productores que trabajan asociados a las pymes tabacaleras que se diseminan por el Gran Buenos Aires y también por distintas provincias.
Aráoz es contundente: aseguró que las “NN” (marcas muy poco conocidas) van ganando terreno en el mercado. Que antes de la crisis representaban apenas el 3 por ciento del total, que subieron dos puntos el año pasado, y que en algunas zonas del país ya alcanzan al 10 por ciento. El negocio del cigarrillo mueve alrededor de 5 mil millones de pesos anuales.
Carlos Mateo, gerente de la cámara que agrupa a los productores salteños, opinó en el mismo sentido: “Si se quiere desanimar la producción habría que encontrar resortes para que, a largo plazo, se pueda sustituir la industria tabacalera”, señaló. A la vez, puso el dedo en la llaga, al inferir que la ley podría dar lugar a mayores importaciones o incluso al contrabando. “Sería muy tonto dejar de lado un mercado tan apetecible para que lo aproveche Brasil”, remarcó.
Lucio Paz Posse, secretario de la misma cámara, añadió: “No nos oponemos a legislar a favor de la salud, pero no caigamos en los extremos. Nuestra industria da trabajo a cientos de miles de familias, que tendrían problemas de salud si se desprotege las fuentes laborales”. “No podemos regalar nuestra economía”, agregó Jorge Ortubey, de la cooperativa que une a los productores jujeños.

Informe: Sebastián Ochoa